Pese a querella, los piquetes acosaron a Ibarra en Capital

El gobierno concretó ayer la denuncia penal contra los clanes piqueteros que tomaron de rehén al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aunque eso no bastó para desintegrar la amenaza de resistencia que, casi sin distinción, prometen los grupos tanto duros como dialoguistas.

Hasta el punto que, ayer, piqueteros porteños cercaron la Jefatura de Gobierno para reclamarle a Aníbal Ibarra que incremente los cupos de un plan social de autoempleo que el frentista, al margen de los que otorga el gobierno nacional, reparte entre desocupados de la Ciudad.

Un puñado de clanes -Movimiento 30 de Mayo, Grupo Arturo Jauretche y Asamblea Popular Caminito, entre otros-se quejaron porque Ibarra redujo el presupuesto para ese programa pero, denunciaron, dio trato preferencial a la filial porte-ña de la FTV de Luis D'Elía que coordina «Lito» Borello.

Ibarra, luego de la elección, ordenó recortar el presupuesto de ese plan pero, ante la presión de D'Elía -con quien tiene una larga historia de enfrentamientos, hasta el punto que cierta vez tomó dependencias del municipio porteño-, suspendió parte de la poda. Les sirvió ser socios ambos de Néstor Kirchner.

Casi en paralelo, desempleados jujeños cortaron desde el mediodía de ayer el puente internacional que une La Quiaca con la localidad boliviana de Villazón para reclamar la entrega de planes sociales y viviendas, protesta que encabezó el cura Jesús Olmedo.

Fueron solamente dos expresiones que, en desafío a la orden de Kirchner de controlar a los piqueteros, impulsaron grupos de desocupados y que continuará hoy con el anuncio de un calendario de cortes y marchas, en un inédito despliegue de previsión para la protesta.

Esta tarde, grupos comandados por el Polo Obrero de Néstor Pitrola anunciarán su seguidilla de cortes y protestarán en público contra la orden oficial de armar una brigada que los controle. Mañana, en tanto, la CCC tendrá su propio turno de quejas al que luego de sumarán sectores de la FTV.

En ese clima de tensión, todo conduce al 20 de diciembre, que el año pasado se presentó en calma -fue el primer aniversario de la renuncia de Fernando de la Rúa-pero que a este ritmo empieza a convertirse en un día clave para los términos de convivencia entre el gobierno y los piqueteros.

De todos modos, ayer Tomada mandó a denuncia ante la Justicia a las organizaciones que durante varias horas le bloquearon el ministerio la madrugada del jueves en reclamo de la entrega de planes sociales y alimentos.

La denuncia alcanza al Movimiento de Unidad Popular (MUP), el Frente Unido de Trabajadores Desocupados (Futrade) y la Tendencia Clasista 29 de Mayo (TC29), entre otros grupos.

En tanto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, insistió en que «no habrá planes con demandas extorsivas» aunque, a diferencia de días anteriores, advirtió que eso no implica que el gobierno no incorpore nuevos cupos para entregar a desocupados.

Negó, además, que exista una escalada contra el movimiento piquetero y aseguró que «no habrá más planes» para quien recurra al «reclamo extorsivo» al «cortar una calle, tomar un edificio o someter a una libertad reducida a funcionarios».

La denuncia oficial, dirigida al juez federal Norberto Oyarbide y presentada por Esteban Neffa, consignó que desde las 21 del miércoles a las 6 del jueves los piqueteros bloquearon los accesos ministeriales e «impidieron el ingreso o egreso de personas a la sede» de esa cartera de Estado.

En la acción penal, se brindó detalle de los ocupantes -un listado conteniendo un centenar de nombres-que debieron permanecer en la sede oficial hasta que se firmó un acta entre tres funcionarios y cuatro representantes piqueteros.

Esa acta fue firmada por Ciaravino, y los secretarios de Trabajo, Noemí Rial, y de Empleo, Enrique Deibe, mientras que por los piqueteros lo hicieron Flavia Herrera, Néstor Gómez, Santiago Dalmas y Miguel Sosa.