El propio Kirchner dijo al presentar la norma que «es muy difícil poner las manos en el fuego» por los funcionarios de su gestión. Todo un mensaje de aliento para quienes le aceptan cargos, que se suma a la prohibición de mantener conversaciones «off the record» con la prensa,
El intento del gobierno es para frenar los lobbies y en cuanto tal es loable el decreto. Más vidriosa será su aplicación. ¿Quién decidirá qué es una reunión importante «para los intereses del Estado»? También será discutible el acceso del público a esos datos en un país que carece de normas sobre secreto de Estado y le deja a cada funcionario la facultad de decidir qué puede saberse y qué no.
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