Reabren polémica por sobornos en el Senado
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El texto de esa carta expone: «Nuestra CGT, al igual que los representantes legislativos de la provincia de Santa Cruz y usted mismo, nos hemos opuesto con firme determinación a la degradación de derechos que implicó la sanción de la Ley 25.250».
«Asimismo -continúa la nota- hemos denunciado al entonces ministro de Trabajo, don Alberto Flamarique, por haberse expresado en los términos que reprodujeron los diarios de la época como que 'para los senadores, tengo la Banelco'. Por ello, en su oportunidad, declaramos como testigos ante la Justicia que investiga sobre los hechos que rodearon la sanción de la citada norma. Por declaraciones periodísticas nos hemos anoticiado de que un agente de la SIDE, Isaac Eduardo García, conoce los pormenores relativos a quienes sobornaron y quienes fueron sobornados. La gravedad institucional del episodio justifica que, al igual que la investigación sobre el criminal atentado contra la AMIA, el señor presidente releve del secreto a este agente a fin de que la Justicia pueda avanzar en su cometido y de esta manera terminar con otro frente de impunidad.»
Naturalmente que la pasión que lo mueve a Moyano no es la investigación -en realidad, un aporte que hizo la diputada Graciela Ocaña a un programa de «América»-. Lo que busca es voltear definitivamente esa ley de reforma laboral que está aún vigente, pese a que sus normas no han sido reglamentadas ni puestas en vigencia.
Por eso la carta remata en estos términos: «Tal como se lo manifestamos al señor presidente en la reunión que nos concedió el 25 de junio de 2003, consideramos de suma importancia que el Poder Ejecutivo Nacional presente ante el Parlamento un proyecto de ley que derogue la Ley 25.250».




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