Legisladores provinciales tratan de determinar la responsabilidad del gobernador rionegrino en transacciones que se realizaron con regalías hidroeléctricas, y contratos de provisión de energía que habrían generado un perjuicio a la provincia por un monto estimado en los u$s 40 millones.
Río Negro - A menos de seis meses de su despedida de la administración provincial, el gobernador de Río Negro, Pablo Verani, enfrenta un pedido de juicio político que amenaza con opacar aun más su retirada de la política activa rionegrina. En medio de una de las luchas electorales más reñidas que recuerde la historia política de esa provincia, el actual mandatario se encuentra en el ojo de una tormenta que amenaza con llevárselo como principal responsable de presuntas maniobras fraudulentas en operaciones energéticas por un valor cercano a los 40 millones de dólares. Los cargos surgieron luego de un trabajo de más de 12 meses llevado adelante por la comisión investigadora formada a tal efecto por la Legislatura provincial, cuyos análisis y resultados fueron avalados por diputados que responden, paradójicamente, al gobernador rionegrino. Distintas fuentes legislativas estimaron que hoy se abriría un compás de espera hasta que finalice el actual proceso electoral para que a partir de setiembre se comience a analizar exhaustivamente cada uno de los cargos que pesan sobre el gobernador radical. Los legisladores provinciales del Interbloque -desprendimiento de la bancada aliancista- Guillermo Wood y Eduardo Chironi presionaron a sus pares de la Comisión de Juicio Político para avanzar en el enjuiciamiento de Verani; su ministro de Economía, José Luis Rodríguez; el contador general de la gobernación, Guillermo León; el fiscal de Estado adjunto, Eduardo Martiarena, y los miembros del Tribunal de Cuentas Pedro Funes, Pedro Casariego y Rubén Gianni. Wood y Chironi elevaron el pedido responsabilizando a los funcionarios por falta de cumplimiento de los deberes, basando los cargos en presuntas anormalidades en operaciones de contratación de energía eléctrica investigadas por una comisión legislativa a comienzos del año 2002. En diálogo con Ambito Nacional, Wood confirmó que «la denuncia contra el gobernador de la provincia tiene como fin determinar si fehacientemente existieron maniobras fraudulentas en contrataciones y operaciones que en su momento involucraron a la empresa de servicio eléctrico estatal, ERSE, a y la abastecedora Turbine Power -usina termoeléctrica emplazada en la ciudad de General Roca-». En diálogo con la prensa regional, Verani relativizó los cargos en su contra, cargando los dardos sobre Wood y Chironi, relacionando la denuncia con la actual campaña electoral que llegará a su fin el próximo 31 de agosto, cuando se elijan autoridades provinciales y se renueve la totalidad de la Legislatura provincial.
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En un informe brindado a mediados de este mes a la cámara legislativa provincial, la comisión investigadora alertó a los diputados sobre la existencia de «serias irregularidades en la venta de regalías hidroeléctricas que habrían ocasionado perjuicios al Estado rionegrino por una cifra cercana a los 5,4 millones de dólares». Wood agregó que «los cargos que pesan sobre Verani y sus funcionarios también apuntan sobre las responsabilidades que les caben con respecto a la renegociación del contrato de concesión de provisión eléctrica con Turbine Power, cuyo sobrecosto de 34 millones de dólares en un período de cinco años no sólo fue un perjuicio para el Estado rionegrino, sino que también alcanzó los bolsillos de los usuarios de nuestra provincia, lo que los llevó a abonar una de las tarifas eléctricas más caras del país». Por último, Wood indicó que «el informe contó con el respaldo de los diputados del oficialismo, por lo que creemos que el pedido de juicio político contará con los votos suficientes para poder determinar las responsabilidades de los funcionarios acusados en esta maniobra fraudulenta contra el Estado rionegrino».
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