El ministro de Gobierno santafesino, Rubén Galassi, admitió que el gobierno de Antonio Bonfatti analiza vetar algunos artículos de la ley de emergencia en seguridad aprobada el jueves en la Legislatura provincial por considerarlos "invasivos de las atribuciones del Poder Ejecutivo".
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"Estamos siempre dispuestos a mejorar la seguridad de los ciudadanos y por lo tanto a escuchar propuestas y si hay iniciativas positivas que nos otorguen nuevas herramientas las vamos a aceptar", señaló el funcionario en diálogo con el programa "La barra de Casal" de La Red.
En ese sentido, afirmó en declaraciones a Radio 2 de Santa Fe, que "si la ley contiene algunas cuestiones en donde claramente, se invaden atribuciones propias del Poder Ejecutivo no nos va a quedar otro camino que vetarlo".
Galassi consideró que algunos artículos de la norma son "positivos y otros que nos generan dudas o observamos que invaden atribuciones del Ejecutivo, los vamos a ver, a revisar".
Al explicar a cuales artículos se refería dijo que "hay algunos incisos muy taxativos, con imposición de criterios", los cuales no considera fuera de lugar y en ese sentido sostuvo: "Nosotros no sacamos por decreto cuestiones que tienen que asumir los legisladores ni invadimos al Poder Judicial".
Con impulso del kirchnerismo y del PRO, la Legislatura de Santa Fe declaró "en emergencia" la seguridad pública en la provincia gobernada por el socialismo.
La norma señala que la provincia está en "emergencia en materia de seguridad pública" por un período de 18 meses.
De manera concreta, el proyecto convertido en ley por la Cámara de Diputados provincial apunta a reformular "aspectos organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad pública de la provincia y sus componentes".
Dispone que el Ejecutivo avance en la mayor capacitación de las fuerzas policiales, la adquisición de elementos e incorporación de tecnología para la prevención del delito.
Uno de los puntos más polémicos es el que ordena que debe ser reemplazado cualquier jefe policial al que se le haya abierto una investigación, lo cual, por caso, afectaría directamente al actual titular de la fuerza, Cristian Sola, con un sumario por una denuncia de enriquecimiento ilícito.
"Nosotros tenemos una Secretaría de Control y la Dirección de Asuntos Internos que no permiten que policía procesado cumpla funciones. Pero por denuncias anónimas con pocas pruebas tampoco vamos a tomar medidas ni contra un funcionario policial ni contra cualquier funcionario porque sería prejuzgar", dijo el funcionario.
Galassi consideró que "para avanzar en un tema tan complejo como la seguridad lo importante es que haya acuerdos, no que un sector imponga criterios". Para él, lo último es lo que pasó con esta ley, que "se votó a libro cerrado".
El ministro dijo que todo esto "está cruzado por valoraciones de política partidaria" y opinó que "para combatir el narcotráfico hay que trabajar en conjunto y las políticas principales las debe fijar la Nación", pues la droga "no se fabrica en Santa Fe".
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