Santiago: apelan fallo por mandato de legisladores

Un grupo de intendentes de Santiago del Estero apelará la medida cautelar de no alterar la vigencia de los mandatos de concejales y diputados, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo judicial, tendiente a defender la alteración de los mandatos que surgió tras dictarse la Ley de Emergencia Política y anticipo de las elecciones legislativas, será presentado por los intendentes Gerardo Zamora (Capital), Héctor Ruiz (La Banda) y Luis Ceres (Las Termas), entre otros.

"Está en peligro la institucionalidad de la provincia, porque un Concejo Deliberante de 12 miembros no puede funcionar con 16 y espero que la Corte de Justicia de la Nación se expida urgente en la cuestión de fondo", dijo el jefe comunal de La Banda.

Ruiz opinó que, ante una apelación, "la Corte de Justicia puede cambiar de criterio, porque los que firmaron la medida cautelar ahora ya no están, como el caso de Guillermo López".

"Para defender la institucionalidad provincial, se podría resolver la cuestión de fondo indemnizando a los damnificados con la alteración en sus mandatos", añadió Ruiz, en una propuesta que no fue compartida por otros sectores políticos que interpretan que "no se puede pagar a legisladores sin trabajar".

Por su parte, la gobernadora santiagueña Mercedes Aragonés de Juárez comunicó a los municipios la vigencia de la medida cautelar de "no alternar la vigencia de los mandatos" dictada por la Corte de Justicia de la Nación.

A través de un decreto, Aragonés de Juárez hizo referencia a la resolución judicial que beneficia a los legisladores Cristina Zavalía, Ana Serrano, María Sarquiz, Silvia Sayago, Víctor Liendo, Rosa Colazantti, Marta Cejas, Ramón Ortiz, Carlos Orellana, Julio Estambul, Víctor Gómez y otros pendientes de resolución.

En la resolución adoptada por la Corte de Justicia, se intima a la titular del Ejecutivo provincial "a obedecer la decisión dictada, bajo apercibimiento de pasar a la justicia penal por el delito de desobediencia".

En el mismo escrito, la gobernadora santiagueña instó a los municipios "al cumplimiento de la cautelar referida" aunque interpreta que "la emisión de una orden hacia los municipios, implicaría la vulneración de las autonomías municipales".

Los planteos y medidas cautelares solicitadas por concejales y diputados provinciales, surgieron a consecuencia que sus mandatos vencían el 10 de diciembre del 2005 y fueron modificados por el Ejecutivo provincial para el 31 de octubre de este año, a través de una Ley de Emergencia Política.