Scioli diferente vs. anulación de leyes

El gesto político de los diputados de anular las leyes del perdón no alcanzará para volver a juzgar a los militares exculpados. Será la Corte Suprema de Justicia la que decida finalmente si reabre o no juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso militar.

Parece que el vicepresidente Daniel Scioli es uno de los pocos hombres del gobierno que ha entendido que la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no tendrá validez jurídica. Una ley no se puede aplicar hacia el pasado, sólo es válida hacia el futuro.

«Los especialistas dicen que esto no va a tener validez jurídica, que tiene una validez política. Sabemos que el Congreso sanciona modifica o deroga, pero no puede anular, no puede tener efecto retroactivo», insistió ayer el vicepresidente. Menos ciego, o eufórico, Scioli admite: «Este tema va a terminar en la Corte Suprema».

La Cámara baja aprobó la «insanable nulidad» de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cuando en Chile se pretende sancionar una ley que persigue idénticos fines: «Sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de setiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990» (ver aparte).

•Reapertura imposible

Para los expertos es claro que la anulación de las leyes no permitirá reabrir causas contra Jorge Videla y Emilio Massera, que ya habían sido juzgados y condenados a cadena perpetua en 1985 -junto a otros siete ex jefes de las Fuerzas Armadas, de los cuales cuatro fueron absueltos-, pero indultados en 1990 por el ex presidente Carlos Menem.

La postura de Scioli sobre la escasa validez jurídica de la anulación de las leyes del perdón (también partidario de no seguir discutiendo lo que pasó en los años anteriores) no es compartida por la totalidad del gabinete. Ayer, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo -casi a modo de reto-que no se podía minimizar la valoración de uno de los poderes del Estado.

Algo similar, pero en otro tenor, dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que consideró que lo que quedará en manos de la Justicia es «resolver las responsabilidades penales».

Los juristas consideran que la anulación de las leyes por parte del Congreso tiene más valor político que jurídico.

Hasta el mediático abogado Ricardo Monner Sans, representante de la familia de un desaparecido, le dijo a la agencia «AFP» que la decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma estaría reservada, «por el artículo 116 de nuestra Constitución, al Poder Judicial». «Se quiere anular leyes ya derogadas (en 1998, sin efecto retroactivo) y entonces es como intentar matar a una persona dos veces», advirtió Monner Sans, quien ganó notoriedad por ser denunciante en la causa por tráfico ilegal de armas a Croacia que derivó en la detención de Menem.

•Competencia

En el mismo sentido, el constitucionalista Daniel Sabsay reiteró, como tantas veces, que «al momento de su aplicación jurídica (la anulación) no es una facultad del Congreso, sino que es una competencia exclusiva del Poder Judicial».

Sabsay evaluó que, desde lo político, «es una declaración de voluntad, una suerte de proclama que manifiesta la clara voluntad del Poder Legislativo de luchar en aras de la búsqueda de la verdad, la justicia contra la impunidad».

Sin embargo, y aunque el gobierno logre los 2/3 necesarios en el Senado, el tema indefectiblemente recaerá en la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal tiene para resolver desde hace dos años, precisamente, un planteo de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ya le advirtió al gobierno que resolverá el tema «sin presiones», de acuerdo «con los tiempos de la Corte» y cuando esté designado el sucesor de Julio Nazareno.

Si la Corte declara la inconstitucionalidad de estas dos leyes frenaría automáticamente el pedido de extradición de 45 militares y un civil impulsado por el juez español Baltasar Garzón. También, permitiría que unos 2.400 militares que fueron amparados por estas leyes de perdón sean sometidos a juicio acusados de delitos de lesa humanidad. Pero también podría crear un ámbito de inseguridad jurídica que no tiene antecedentes en el mundo.