Si comenzaba a mostrar un viso novelesco, el caso del triple crimen agrega ahora un condimento infaltable para ese tipo de tramas: un anónimo. Y si le restaban complicaciones al gobierno, también surgió del listado de aportantes a la campaña presidencial que otras droguerías -además de la del asesinado Sebastián Forza y la del empresario que se suicidó, Ariel Vilán- también atravesaban una difícil situación financiera, operaban con descuentos de cheques, y habían sido denunciadas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos). Es decir, más allá de que no tuvieran vinculación con el caso policial, por lo menos es sorprendente que droguerías que extendieron cientos de cheques sin fondos hayan cubierto los que donaron a la campaña de Cristina de Kirchner de cifras importantes.
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Graciela Ocaña agregó ahora otro dato, al hacer una nueva denuncia ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide: le entregó un anónimo que, por provenir de un funcionario, deberá ser investigado. En una carilla y media que le llegó por fax, le relatan a Ocaña el presunto negociado de dos droguerías y una farmacia con fenilpropanolamina, una droga que se utilizaba para antigripales y que está prohibida, por sus efectos estimulantes, como la efedrina. Varios países, como España y México, debieron retirar de la venta los analgésicos con esa sustancia que, en dosis altas, puede provocar hemorragias cerebrales.
Esas dos droguerías no figuraban en las investigaciones de la ANMAT que dieron origen al inicio de 13 causas judiciales sobre la supuesta comercialización de remedios para tratamientos oncológicos robados -en casos al gobierno- o adulterados por parte de una presunta red de droguerías que, entre sus clientes, tenían a obras sociales sindicales.
En cambio, en esas pesquisas aparecen las droguerías de Forza (Seacamp, Bairesmed) y de Vilán (Unifarma), como también San Javier -»siempre está como intermediaria», insistían anoche fuentes de Salud-, la polémica firma que pertenecía a un proveedor del PAMI denunciado con tanto escándalo por Ocaña como el que parece incomodar al gobierno tras lo que vienen revelando los crímenes.
Codemandada
San Javier ha sido codemandada con Multipharma SA, punta de un rompecabezas en la trama de aportes políticos, ya que, la primera está vinculada a Néstor Lorenzo y en la segunda Lorenzo comparte el directorio con Carlos Torres, otro donante del kirchnerismo.
Multipharma SA, con dos juicios ejecutivos en mayo de este año, después de haber emitido 133 cheques sin fondo por $ 4.300.000, fue una de las firmas vinculadas al rubro medicamentos que llevó a la mesa del proselitismo kirchnerista un aporte de $ 310 mil el 19 de octubre de 2007 y otro de $ 60 mil el 28 de diciembre pasado. La contribución es mayor si se agrega que el propio Torres hizo un aporte a título personal de $ 170 mil, cobrados el 29 de octubre por el comando de campaña de Cristina de Kirchner, según la declaración del oficialismo en la rendición de cuentas de campaña.
Dificultades
Sin estar vinculada a ninguna causa judicial en el rubro vinculado a la salud que financió cerca de 40% de la propaganda oficial para la fórmula Kirchner-Cobos, hay otra droguería que, después de dejar su bono contribución de $ 310 mil, pasó a una situación difícil: emitió 21 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, de los cuales canceló finalmente 6 con un saldo de cerca de $ 140 mil a pagar, según da cuenta el Banco Central.
Los datos llegaron ya a manos de Elisa Carrió, quien a través de sus legisladores presentó un pedido de investigación sobre los fondos de campaña de Cristina y la supuesta vinculación con el tráfico ilícito de medicamentos, que fue ampliada esta semana. Pero, en el kirchnerismo, que se ha mostrado incómodo al punto de hacer consultas ante la Justicia electoral, confían en que no hay causa que pueda privarlos de desconocer las causas judiciales -como las que tenía Forza- de sus aportantes, aun cuando el propio gobierno, a través del Ministerio de Salud, hubiera sido el denunciante.
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