Tucumán: advierten que habrá "caos" por no asumir Bussi

Pablo Calvetti, dirigente de Fuerza Republicana y abogado defensor del detenido ex militar Antonio Bussi advirtió hoy que el presidente Néstor Kirchner, el flamante gobernador José Alperovich, el senador Julio Miranda y el juez Jorge Parache "tendrán que resolver el caos en que se convertirá la ciudad por impedir que asuma el intendente electo".

"El preso no es Bussi, sino Parache. Ahora, él, Kirchner, Miranda y el nuevo gobernador José Alperovich tendrán que resolver el caos en que se convertirá la ciudad por impedir que asuma el intendente electo", aseveró hoy el letrado en declaraciones a la prensa, poco antes del momento previsto para el recambio de autoridades en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En este marco, Calvetti anticipó que apelarán la decisión tomada anoche por el juez federal Parache ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Bussi y de Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse durante el gobierno militar.

Por su parte, el diputado nacional de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, hijo del intendente electo, volvió a responsabilizar al presidente Kirchner y al ahora ex gobernador Julio Miranda por la detención de su padre en el marco de esa causa, que le impedirá hoy asumir su cargo al frente del Ejecutivo de la capital provincial.

"El Presidente lo dijo expresamente, sin tapujos, cuando vino a Tucumán que no quería que Bussi asuma como intendente. Luego mandó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que presionara de manera descarada a los jueces federales", afirmó Ricardo Bussi.

El legislador, cuyo padre está desde hace 24 horas con un `holster`, aparato para medir el ritmo cardíaco por prescripción médica, agregó que "este es el modelo de país que existe, donde se hostiga a los jueces, no hay división de poderes y no se respeta la voluntad de las urnas".

En su resolución, el juez, además de dictar el procesamiento de Bussi y de Menéndez, les impuso a ambos un embargo de 1.200.000 pesos por la presunta comisión privación ilegítima de libertad, homicidio calificado con ensañamiento y alevosía (con el concurso de más de dos personas), violación de domicilio y allanamiento ilegal, y asociación ilícita en concurso real.

En Fuerza Republicana aseguran que el derecho de Bussi a asumir se encuentra protegido por el Pacto de San José de Costa Rica, según el cual debe mediar condena penal firme para impedir que una persona ejerza el cargo para el que fue electa.

La presidenta del Concejo Deliberante de la capital que asumirá hoy, la peronista Carolina Vargas Aignasse, sobrina del político por el que se procesó a Bussi, aclaró que ella se hará cargo provisoriamente hasta que se tome una decisión sobre el caso de Bussi.

"No adoptaré medidas de fondo; sí voy a instalar el orden en la administración. Les pediré a los empleados que trabajen como corresponde y, a la vez, quiero gestionar los fondos para pagar los sueldos. Protagonizaré una cogestión con el Concejo Deliberante", anticipó en declaraciones a la prensa Vargas Aignasse.

Aunque en FR consideran que este caso es político, Bussi afronta otro por el presunto cobro de 5 millones de pesos de gastos reservados cuando fue gobernador, causa en la que ya fue sorteada la sala de la Cámara Penal que llevaría adelante un juicio oral en su contra si la Corte Suprema de Justicia rechaza un recurso de última instancia presentado para impedir el proceso.