Amenaza para la democracia

Esa vigencia especial de la norma queda supeditada, entonces, a una disposición «supralegal» que privilegia los intereses de la «corporación» por sobre las disposiciones constitucionales.

¡El corporativismo llegó al texto constitucional! Cuando esto se concreta resulta ser la etapa donde, este sistema, muestra su cara más efectiva a sus intereses y, a su vez, la más perniciosa para la democracia sustancial.

La inmediata consecuencia de la vigencia de este concepto antirrepublicano y violatorio de la igualdad ante la ley provoca un avance de la concepción aislacionista hacia el debido control jurisdiccional provocando primero inmunidad privilegiante y, luego, impunidad aberrante.

Cuando una agrupación de intereses profesionales o económicos, o una institución determinada llega a este punto de negar la posibilidad de someter sus actos al control del Poder Judicial, se arriba a un punto de agresividad que pone, o debería poner, a la república democrática sobre aviso de riesgo existencial.

Si el Poder Judicial encuentra que las disposiciones de las normas generales resultan inaplicables, en determinados estamentos de las formaciones sociales o institucionales, está reconociendo su crisis y, con ella, la de la constitucionalidad de su función.

Cuando la Constitución «que es el baluarte contra los intereses egoístas» no recibe del Poder Judicial la custodia para su efectiva vigencia sin diferenciación alguna, entonces carecerá, la Constitución, de fuerza y eficacia. Se abre, así, el camino que puede tener como destino final el de la anarquía que hoy parece avizorarse en el país.

Verificada esta situación, la república democrática entra en riesgo. Esta actitud se potencia en grado superlativo cuando, el mismo Poder Judicial se corporativiza y bajo esas premisas subordina su función. El más claro ejemplo fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia, contrariando el principio de la igualdad ante la ley, decreta inconstitucional la obligación que se les imponía a los jueces de tributar el Impuesto a las Ganancias. Al verificarse esto como una práctica estructural se habrá llegado, entonces, a un avance del corporativismo sobre la democracia.

Si a nivel Ejecutivo y Legislativo se «pacta» la exclusión jurisdiccional y el Poder Judicial, encargado constitucionalmente de evitar esta desvirtuación, ha sido infiltrado por ese concepto sectario, aislacionista y antirrepublicano, la república habrá entrado en su crisis terminal.