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Las fortalezas y debilidades de los bancos públicos deben evaluarse en el contexto planteado por la ruptura del régimen de convertibilidad, delineado por la creación de dinero, la oferta de crédito y la ampliación de los medios de pago.
Durante 2002, y contradiciendo todos los pronósticos que pontificaban acerca de la inexistencia de demanda de pesos en la Argentina, se reveló un incremento de las necesidades de medios de pago basados en papel moneda, bache que fue suplido, en parte, por la emisión de las denominadas cuasi monedas. Por el lado de la oferta, la política monetaria expresa una tendencia que ratifica el devenir de las últimas décadas, en la cual la expansión primaria de dinero depende del ingreso de divisas, a pesar de que la actualidad otorga márgenes para una emisión autónoma que acompañe el nivel interno de actividad.
En suma, en un marco de estabilidad, el excedente de la cuenta corriente del balance de pagos, aunado al equilibrio fiscal, crea condiciones favorables para que la creación de moneda acompañe el nivel de actividad y no esté sólo en función del nivel de reservas. Después de la ruptura de la convertibilidad, el coeficiente de monetización se sostuvo en torno a 20% del PBI, apenas unos puntos por debajo del vigente durante el auge del régimen de tipo de cambio fijo. Además, analizando los agregados monetarios, se observa que el circulante en poder del público alcanza 5% del PBI, reflejando que la demanda de dinero tampoco está tan alejada de los nivelesde los años noventa. Hasta aquí, la creación de dinero no logra autonomizarse completamente del sector externo, si bien adquiere mayor independencia de él, marcando una tendencia hacia la pesificación de la economía con un nivel de monetización adecuado. La diferencia potencialmente más pronunciada respecto de los '90 debería darse en la oferta de crédito, en donde el multiplicador del dinero puede alcanzar grados mayores de autonomía.
La tendencia seguida por el mercado de intermediación de dinero poscrisis la marca la retracción definida de los principales demandantes de la década del '90: el sector público y las grandes corporaciones privadas. Lo que está en juego hoy es la necesidad de construir segmentos de intermediación cuyas monedas se encuentren calzadas (mercado en pesos para actividades internas y mercado en dólares para financiar exportaciones), al menos para recomponer el capital de trabajo de corto plazo, eliminado el riesgo cambiario.
La situación descripta requiere que la capacidad de préstamo acumulada en los bancos comience a aplicarse en otro sector de demandantes menos concentrados, lo cual implica trabajar sobre dos aspectos: el descenso de la tasa de interés y la construcción de instrumentos que limiten el riesgo crediticio. La calificación de potenciales tomadores de crédito, capaces de generar volumen de negocios reflejados en algún instrumento comercial ( facturas, cheques, contratos de abastecimiento, órdenes de compra en firme, etc.), susceptible de ser descontado bancariamente, es un tema central, asociado al ya mencionado calce de monedas.
Definidos los esquemas que acotan el riesgo cambiario y crediticio, y con un panorama político más definido, conviene evaluar cómo la política monetaria permite contar con una masa crítica de fondos a baja tasa que estimula la demanda de crédito y que obra como testigo en el mercado. Los instrumentos inmediatos para tal fin son dos: la emisión monetaria y la baja de encaje en las cuentas transaccionales.
El actual debate sobre el descenso del tipo de cambio y su impacto negativo sobre los equilibrios macroeconómicos posconvertibilidad plantean la necesidad de un tipo de cambio más alto. Una elevación de 25 centavos supondría la posibilidad de emitir alrededor de $ 2.900 millones. A su vez, por un procedimiento que no alteraría la estabilidad monetaria, el BCRA podría colocar en poder de los bancos $ 2.500 millones para inyectar en el mercado de crédito: $ 1.500 millones por la vía de redescuento y $ 1.000 millones por una rebaja de encajes de 3 puntos (de 35% a 32%) sobre las cuentas transaccionales.
Es en este punto donde la mirada se vuelve hacia el conjunto de los bancos públicos. En efecto, si existe una masa crítica de $ 2.500 millones para volcar en crédito al sector privado en condiciones preferenciales de tasa y calificación, los principales administradores deberían ser los bancos públicos, organizados como sistema, principales depositarios de esa masa crítica.
