La nueva gestión económica debe atender a un paciente (el sistema financiero) al que se le cayó el edificio encima (la economía). El paciente está en terapia intensiva y tiene un potencial de contagio extraordinario. El edificio, la economía real, está en caída libre (bienes y servicios). Los habitantes más débiles fueron desalojados (están a la intemperie). En su inmensa mayoría, fueron expulsados cuando el edificio aún estaba en pie. La convertibilidad solamente podía sostener el edificio en la medida en que el desalojo alcanzara a la mayor parte de los habitantes. A pesar de que el número de desalojados es extraordinario, igual el edificio se derrumbó. La mitad de los habitantes está debajo de la línea de pobreza. El 25% de los trabajadores está desocupado. Esos son los excluidos. Entre ellos están las empresas que deben cerrar sus puertas y los acreedores privados, que no cobrarán un centavo, merced a la anulación del derecho de cobrar (la cuestión de Ley de Quiebras).
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• Beneficiados
El sistema financiero (el paciente en terapia) debe soportar diariamente horas de encierro (feriados) en las que la pasión de los funcionarios de la Justicia alcanza a violentar puertas, cajas de seguridad y cajeros automáticos, extrayendo la poca sangre que le queda al sistema y beneficiando principalmente a los grandes depositantes ricos y famosos. Los cerrajeros han pasado a ser una rama de los auxiliares de la Justicia. El mercado ha armado nuevas «cuevas» Hood Robin alimentadas por los tenedores de efectivo (supermercados, estaciones de servicio).
La cuestión principal es detener la hemorragia (salida de dinero) y evitar que el sistema financiero se muera. Para ello es necesario:
Primero: derogar la ley de intangibilidad de los depósitos. No rige en ningún lugar del mundo, porque ninguna ley puede hacer «intangibles» los depósitos. De esa manera, los depósitos serán devueltos en la moneda que exista en nuestro país y que, hasta que seamos un país con «moneda de reserva», no tendrá ningún valor en otro país. El principal engañado de la posconvertibilidad es el que depositó un peso creyendo que era un dólar y no el que depositó un dólar creyendo que era un peso. Al segundo le van a devolver un cuarenta por ciento más que al primero. Increíbles pautas de la ética nacional de estos tiempos.
Segundo: obligar a los bancos a devolver a los depositantes sus ahorros pesificados, con un título en pesos, de maduración no mayor a 10 años, plenamente circulatorio y negociable, que sea estructurado con una cláusula de ajuste idénticamente igual a la de la cartera activa del banco y con las mejores condiciones que el banco pueda ofrecer. Los clientes tendrán así un título que reflejará la calidad de cada banco. Si los depositantes tuvieran dudas sobre su banco, podrán optar por el «Bono Remex». A ese «Bono Remex» se le podría dar un mayor valor mediante un sistema similar a los del cheque de viajero pero sólo operables dentro del sistema bancario y a $ 1,40 por dólar. Esta estrategia de resolución del «corralón» libera al gobierno de un gasto futuro, retrotrae las condiciones de mercado a una moneda de pago igual a la moneda de cobro y le permite al Estado dictaminar acerca del modo en que aliviará a los deudores hipotecarios de las espantosas cláusulas del CER sin aumentar el déficit fiscal.
Tercero: nada de esto es posible sin cerrar aun más el «corralito». Para lograrlo, deben limitarse las extracciones de efectivo mayores a, por ejemplo, $ 1.000 mensuales. Es obvio que es una incomodidad, pero hay que frenar la huida del dólar de cualquier manera legal.
Cuarto: en la misma dirección hay que retornar la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal (Ley 25.345) que impide que se cancelen obligaciones de más de $ 1.000 en dinero en efectivo.
Quinto: además deberá imponerse una retención de 50% a los retiros en efectivo superiores a dicha suma, con destino a impuestos futuros a las ganancias y a los bienes personales. Esta ley, que es de algún modo redundante, contribuye a reforzar los alcances de la denominada ley del proyecto «tapón».
Sexto: todos los comercios y/o actividades económicas y de servicios cuyas ventas superen los $ 1.000 diarios deberán depositar, diariamente, su recaudación en banco.
Séptimo: en este contexto no debe cerrarse ningún banco y los redescuentos operarán bajo la garantía de las entidades y de sus accionistas.
Estos siete puntos sacan al enfermo de la terapia intensiva. Pero al otro día hay que trabajar con los desalojados (política de emergencia social y económica), reconstruir el edificio (reindustrialización del país), restablecer las reglas de funcionamiento capitalista (derogar la reforma de la Ley de Quiebras), tener una política fiscal de equilibrio (altas retenciones compensadas a las exportaciones), detener la inflación cambiaria y poner en marcha la demanda efectiva con un impostergable plan de obras públicas. Más allá del acuerdo con el FMI, proponer un plan de pagos de acuerdo con las condiciones en las que el país puede pagar la deuda resultante de 25 años de irresponsabilidad.
Esta propuesta antifuga del «corralito» es la condición necesaria y no alcanza, pero sin ella no se puede poner en marcha una política de reactivación. Esa es la que permite recuperar la confianza, la capacidad de pago y el futuro.
Aunque parezca tonto, el desempleo no sólo no paga impuestos sino que demanda gasto público y el pleno empleo es la mejor contribución al equilibrio fiscal. Hace años que caminamos para atrás.
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