Como los mejores equilibristas chinos, el contexto político y económico en el que el presidente electo Alberto Fernández recibirá al país lo obligará a un ejercicio extremo de habilidad para superar una coyuntura por demás compleja. Abusar de la emisión y del endeudamiento o contar con viento de cola del exterior no son posibilidades con las cuales contará el nuevo gobierno.
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Algunos datos duros para caracterizar la situación. La economía argentina está prácticamente estancada desde 2011. Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se registró un magro crecimiento de 1,5% (prácticamente nulo si se mide en términos por habitante), pero durante la gestión de Mauricio Macri se derrumbó 5% - y más per cápita-.
La inflación es un problema de vieja data en el país. Durante el anterior gobierno kirchnerista acumuló 182%, pero este porcentaje, de por sí elevado, no parece tan grave cuando se compara con el cerca de 300% con que terminará la gestión del actual gobierno.
Quienes más sufrieron este proceso fueron los asalariados. En contraste con la suba de 6% que creció el salario durante la administración de Cristina, Macri termina su mandato recortando 18% el poder adquisitivo, hecho que explica en parte la victoria del Frente de Todos y la expectativa que vastos sectores tienen respecto a que “las cosas van a mejorar cuando asuma Alberto”.
Existe coincidencia en cuanto a que el dato de pobreza es el más grave. Cambiemos inició su gestión con una elevada tasa de 32%, pero aunque en perspectiva parecía difícil de superar, en la actualidad se proyecta que cerca del 40% de la población es pobre, según las últimas estimaciones privadas.
Analistas señalan que no toda la herencia es negativa. Se refieren a que se observa una cierta mejora en las cuentas públicas y los precios relativos se encuentran más alineados. Por caso, las tarifas públicas recuperaron buena parte de su valor real (disminuyendo en consecuencia los subsidios del Estado que las mantenían artificialmente bajas) y, también a diferencia de lo que recibió Macri, el dólar se encuentra en un nivel que no se aleja del promedio histórico – en lo que va de la actual administración la moneda norteamericana se encareció más de 50%-.
Pero a los problemas que venían de arrastre, el macrismo le agregó la deuda pública con privados. Si bien deben descontarse los pasivos que se arrastraban cuando se hizo cargo el actual gobierno, las propias cifras oficiales muestran que la deuda pública creció entre 2015 y la actualidad, en 75.000 millones de dólares.
Por la escasez de reservas internacionales, la falta de acceso a los mercados financieros y los elevados servicios que se concentran a corto plazo, el problema de la deuda será “el primer camión” (según dijo el economista Guillermo Nielsen) que se le vendrá encima al próximo gobierno. Para tener una idea, sólo en el primer semestre del año próximo vencen servicios de capital e intereses en moneda dura por más de 15.000 millones de dólares - una cifra superior a las reservas líquidas actuales del Banco Central -.
El presidente Fernández tendrá que compatibilizar hacer frente a estos compromisos con la elevada deuda social que también arrastra la Argentina.
Al respecto, el gobierno de Alberto apuesta a otorgar un aumento a los que perciben el salario y las jubilaciones mínimas y ayudar financieramente a las empresas pymes a través de mecanismos como desgravaciones impositivas o postergación de pagos, con la intención de revertir la situación. “Ese dinero se volcará al mercado interno volviendo a prender los motores”, se entusiasman en el entorno del equipo de Alberto Fernández.
Apuestan a que como la capacidad ociosa ronda el 50%, con un poco de demanda, “los motores volverán a funcionar”. Las pymes necesitarán “nafta” para sus máquinas y ese combustible surgirá de créditos para capital de trabajo a tasas accesibles.
La prioridad será el Plan Contra el Hambre, programa que estará a cargo de Daniel Arroyo secundado por Victoria Tolosa Paz en el área social. Este programa para Alberto Fernández es una política de Estado.
Sin embargo, es de prever que los conflictos se presenten en lo inmediato. Por citar sólo uno central: seguramente los acreedores pedirán un programa fiscal austero y un tipo de cambio elevado, para asegurar la capacidad de pago de la Argentina. Pero la austeridad fiscal se contrapone con la necesidad de reanimar a la economía, en tanto que un dólar caro supone una pérdida en términos de salarios.
Los asesores de Fernández han dejado trascender, como se señaló, que tendrán una política de ingresos activa. Se piensa en aumentar los salarios mínimos y ayudar a las pymes con exenciones impositivas o ayuda con el tema energético.
En este sentido, un acuerdo de precios podría servir en principio, para frenar la elevada inflación que sufre la economía argentina. Al respecto adelantan que la aplicación de derechos de exportación a los productos agropecuarios debería poner un freno a la suba de los alimentos en el mercado interno.
Alberto Fernández no se enfrentará a una tarea sencilla. Solo a modo de ejemplo las empresas de servicios públicos sostienen que las tarifas todavía no compensan plenamente los costos de producción, lo que anticipa que cualquier congelamiento demandara subsidios estatales.
Otro tema: informes del sector ganadero advierten que como consecuencia del faltante de oferta y la activa demanda exportadora (China se sumó a los compradores), el precio de la carne podría subir hasta 40% con el comienzo del próximo año.
El contexto internacional no es de mucha ayuda. El mundo atraviesa por una situación de incertidumbre por el conflicto comercial entre China y los Estados Unidos, en un contexto de bajo crecimiento.
En particular, Latinoamérica es una de las regiones más relegadas. Los pronósticos de crecimiento para Brasil son de 2,2% para 2020, pero cabe recordar que en los últimos años los anticipos fueron también de aumentos superiores al 2% que terminaron en la realidad siendo cercanos a 1%.
Peor aún, el vínculo con el principal socio comercial del país se encuentra empañado por la tensa relación entre el primer mandatario brasileño y el presidente entrante, en un momento en que la principal potencia del Mercosur apunta a una política aperturista que pone en riesgo a este mercado común.
El premio Nobel de Economía (1971) Simon Kuztnet sostuvo que hay cuatro tipos de países en el mundo: desarrollados, sin desarrollar, Japón y Argentina. Se refería a la economía argentina por su incapacidad de desarrollarse pese a su dotación de recursos naturales.
La historia le sigue dando la razón al economista ruso: a fines de los años cincuenta la Argentina producía más autos que Corea y hoy su fabricación de vehículos se reduce a casi un décimo de la cantidad que elaboran los surcoreanos.
La buena noticia es que no sólo los recursos naturales siguen estando, sino que también se presentan nuevas oportunidades, como la extracción de recursos energéticos no convencionales (Vaca Muerta) o la explotación del litio en el norte.
Estos recursos brindan una base material para que la economía tienda a despegar, genere más valor agregado, gane en complejidad y sea más equitativa. Sin embargo, ya en 1919 el diccionario Larousse definía al país de la siguiente manera: “Todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar en su día con los Estados Unidos de la América del Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio cuyo progreso no puede ser más visible”. Sin embargo, la historia fue diferente. ¿Será distinto a partir de ahora?
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