Tras nueve décadas en las cuales un presidente no peronista, elegido en democracia, no terminaba su mandato y entregaba el cargo a su sucesor, este hecho histórico de por sí debiera ser auspicioso y esperemos sea el comienzo de un nuevo ciclo en nuestra democracia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La transición, aunque no libre de incertidumbre, no generó las turbulencias que se anticipaban. Las medidas tomadas por el Gobierno saliente (incluyendo las fuertes restricciones impuestas al mercado cambiario) y la cautela con la que se manejaron las autoridades entrantes (aun manteniendo la expectación hasta último momento) permitieron controlar la frágil situación financiera y evitar el desenlace de una crisis y a partir de ahora será el Gobierno entrante el que deba reconstruir la confianza a partir de las medidas que tome y el tema fiscal se encuentra en el corazón del problema. De qué se resuelva dependerá el éxito o fracaso de la gestión económica del nuevo Gobierno y la deuda, efecto colateral de la mencionada cuestión fiscal, es el tema más urgente.
En este sentido, podría decirse que dentro de un amplio abanico de alternativas existen dos enfoques extremos: uno podría consistir en intentar generar la confianza para hacer factible la refinanciación de la deuda (hecho usual en cualquier economía moderna). De este modo, el Gobierno podría renegociar el acuerdo con el FMI (facilidades ampliadas que por cierto contendrá cláusulas referidas a las llamadas “reformas estructurales” que aseguren la solvencia fiscal y de sector externo) y dentro de dicha renegociación, liberar el monto de los fondos no desembolsados en el acuerdo stand by y, eventualmente, obtener fondos frescos para facilitar la refinanciación de la deuda con el sector privado. En el otro extremo, el Gobierno podría evitar asumir mayores compromisos con el FMI que, a su entender, condicionen los grados de libertad en el manejo de la política económica.
Más allá de tecnicismos que se puedan argumentar para uno u otro lado, este año el sector público cerrará con un déficit corriente de entre 0.5% y 1.0% del PIB. Si dicha brecha pudiera ser financiada con un incremento puntual de determinados impuestos (más allá de que pudieran llevarse a cabo ajustes específicos sobre ciertos gastos) no sería necesario acudir a la emisión monetaria ni al mercado financiero. Siendo así, podrían suspenderse temporalmente los pagos de capital, intereses o ambos sin una significativa disrupción inmediata en la economía. De este modo, mediante algún tipo de política redistributiva, podría intentarse expandir el consumo, el nivel de actividad y la recaudación tributaria, fortaleciendo la economía y el balance fiscal antes de encarar el proceso de renegociación con los acreedores (multilaterales y privados).
Ciertamente, este sendero no está exento de obstáculos. En primer lugar, el no acceso al mercado financiero por parte del sector público repercutirá sobre las posibilidades del sector privado y, en consecuencia, sobre la inversión. En este sentido planes sectoriales o, como en el pasado, el canje de deuda por inversión podrían mitigar tal restricción.
Adicionalmente, el equilibrio del sector externo deberá descansar en la generación de dólares en la balanza comercial, lo que requerirá “ceteris paribus”, un tipo de cambio más competitivo. Eso, a su vez tendría incidencia en precios de la energía, estructura de costos de las empresas de servicios públicos y precios relativos, impactando en la inflación -si se admite el ajuste- o en el equilibro fiscal -si se subsidia-.
En resumen: es un sendero escarpado y de múltiples trampas, pero si las piezas del rompecabezas se acomodan adecuadamente, sería posible sortearlas y llegar a un punto de equilibrio convergente. Claramente, los equilibrios de largo plazo de una y otra solución no son indistintos, pero eso responde más a una cuestión de preferencias políticas y de modelo de país que a la factibilidad técnica de una y otra alternativa. No obstante, lo que sí es necesario señalar es que en cualquier caso no debería perderse de vista que el final del camino -sea por la vía de la corrección del gasto o sea por un sendero expansivo de la economía- deberá apuntarse a recuperar la solvencia del Estado y su capacidad de repago. Si ante los primeros resultados positivos se abandonaran los esfuerzos por converger al equilibrio fiscal y se llevara la expansión del gasto a un nivel más allá del financiable, no habremos hecho más que perder otra oportunidad.
Economista en Jefe de PwC Argentina