Nuestro país tiene desde el 10 de diciembre un nuevo Gobierno, pero sin cambiar los desafíos vigentes. La economía argentina se encuentra en un proceso de estanflación (estancamiento e inflación) que tiene lugar desde el año 2011 y que el año entrante podría profundizarse, al tiempo que las economías de la región han encausado un sendero de crecimiento, en promedio del 3% anual.
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La situación económica para el año entrante será muy desafiante. Para ponerlo en contexto, la recesión que viene llevándose adelante desde mediados de 2018, representa la mitad de la acontecida en la crisis de 2001, pero aún no sabemos dónde se encuentra el piso.
Para superar la crisis actual, los consensos entre sectores serán necesarios, pero no suficientes. El requisito de que un macroeconomista sea quien lidere la nave durante el próximo Gobierno resulta de suma relevancia para domar este contexto.
En primer lugar, cabe destacar que el arrastre que tendrá la economía este año llevará a que el próximo comience con un arrastre estadístico negativo en torno al 1,4%, que dejará un mal precedente para encausar el crecimiento en 2020, maldición con la que arrastramos desde hace años.
A partir del año 2012, cuando los términos de intercambio comercial comenzaron a deteriorarse, las cuentas fiscales y externas empezaron a mostrar sus falencias, que aún no fueron resueltas y todo parece indicar que nada cambiará la suerte de los precios de los commodities que favorezcan a nuestro país. Con lo que el actual Gobierno tendrá el desafío de equilibrar las cuentas fiscales y externas (ya bastante mejoradas, a costa de una brusca recesión) sin una mejoría en los precios de los commodities. El agujero fiscal primario con el que finalizará este año esté cercano al 1% del PBI y este será el primer desafío.
A diferencia de lo que sucedió luego de la crisis de 2001, que tras la fuerte devaluación el gasto público se contrajo y el déficit externo mejoró en casi 8 puntos, hoy el gasto público se encuentra indexado en un aproximado del 70%. Esto quiere decir que la inflación que estamos atravesando en este momento impulsada luego de la devaluación, no redundará en una mejora de las cuentas fiscales y externas, sino que, observaremos esta nominalidad corriendo de la misma forma el año entrante. Esto indica que uno de los principales objetivos que tendrá el nuevo Gobierno es desindexar la economía y que la inflación no se espiralice vía este proceso como ha sucedido en otros períodos no tan lejanos de nuestra historia.
Si esto no se cambiara, la necesidad fiscal será un desafío aún mayor y las posibilidades son acotadas. Hoy, nuestro país se encuentra fuera de los mercados internacionales de deuda, con un riesgo país que supera los 2.000 puntos y el único medio para financiar el déficit restante es la emisión de moneda en un contexto donde la demanda de dinero se encuentra en niveles bajos, similares a los de la crisis de 2009.
Por ende, el ajuste de las cuentas fiscales parece inevitable, y probablemente el primer indicio sea a través de un aumento en los ingresos. Posiblemente convalidando una indexación de los ingresos a través de la evolución del tipo de cambio, vía retenciones a las exportaciones.
Ligado a lo anterior, y de forma paralela, para evitar la monetización total del déficit, el Gobierno deberá presentar una renegociación con los acreedores de deuda. Si esta fuere consistente en términos fiscales, la posibilidad de postergar los pagos de intereses y capital por la extensión de un determinado plazo logrará que el atractivo por los bonos locales recupere terreno y el riesgo país disminuya, dando algo de aire al roll-over de la deuda. En las condiciones actuales, para el año próximo, la deuda en moneda extranjera bruta entre capital e intereses representa más de u$s33.000 millones, haciéndose imposible de afrontar en estas condiciones. La consistencia dependerá del % en términos de PBI que representen los intereses de deuda a lo largo del período pautado, consistente con un superávit primario sostenible en el trayecto de largo plazo, que permita solventar el ratio de deuda sobre producto.
Por otro lado, en vistas de cierta recuperación del salario real, que en los últimos años ha sido castigado, el próximo Gobierno optará por un acuerdo tripartito entre empresarios, Gobierno y los gremios. De estos acuerdos los ha habido numerosos en nuestro país y ninguno ha funcionado con demasiado éxito. Podemos mencionar aquí desde el lanzamiento del Segundo Plan Quinquenal en el año 1952 hasta los últimos realizados durante el Plan Austral. Todos tuvieron una misma dinámica pese a partir desde diferentes puntos de inflación: en el corto plazo funcionaron bien, en el largo plazo ninguno lo hizo.
Los acuerdos que promueva el Gobierno serán de gran ayuda para frenar la nominalidad de la economía argentina, pero será imprescindible que esté acompañado de un programa integral, que sea consistente en el largo plazo. Es decir, que sostenga el equilibrio fiscal, que no atrase artificialmente el tipo de cambio atentando contra las cuentas externas y sobre todo, que no genere distorsiones en los precios relativos de la economía, hechos por lo que los anteriores programas no han funcionado. De lo contrario, la recuperación salarial podría ser solo parcial y de corto plazo.
Por último, la necesidad de dólares volverá a hacerse presente con mayor magnitud a medida que la economía se recupere. Es por eso que, para no caer en un sudden-stop, como ocurrió en 2018, habrá que fomentar el proceso exportador de los sectores de mayores ventajas comparativas, que estará limitado por los incentivos fiscales que el Gobierno pueda otorgar, pero que serán vitales para no volver a caer en el eterno loop.
La sábana corta vuelve a hacerse presente en nuestro país y los desafíos siguen vigentes. Como en los modelos económicos, una visión parcial del problema argentino puede llevarnos a una solución parcial, que nos posicionará frente a un nuevo equilibrio. Resignar las miradas cortoplacistas será la clave de volvernos a ubicarnos en la carrera mundial de la que nunca debimos habernos ido.
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