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25 de septiembre 2008 - 00:00

Bolivia: las reservas de gas alientan a los separatistas

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Los hechos de violencia que ocurrieron este mes en Bolivia y en especial en el departamento de Pando, forman parte de la misma historia que empezó en 2002, con sucesivos cambios de gobierno, levantamientos y pretensiones de dividir el país.
Es lo que se denominó ya en 2003 «la guerra del gas», o parafraseando lo dicho recientemente por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la «maldición» del gas. Bolivia descubrió importantes reservas, las segundas en Sudamérica a fines de la década de los 90, y desde entonces no encontró la paz, ni la forma de que esa riqueza sirva al desarrollo del país.
El conflicto se desató en 2002, cuando un grupo de empresas Pacific LNG, British Petroleum y Repsol propusieron una inversión de u$s 3.000 millones para desarrollar las reservas de gas, y llevarlas como gas natural licuado por Chile o por Perú, a través del Océano Pacífico, para venderlas en California y México.
El primer detonante fue la posibilidad de que se tendiera un gasoducto por territorio chileno, que de hecho se contradecía con la aspiración boliviana, nunca abandonada, de recuperar la salida al mar perdida en la guerra del Pacífico.
Pero después apareció el verdadero fondo del problema: quiénes iban a beneficiarse con la riqueza gasífera del país. La mayoría de los hogares pobres de Bolivia cocinan y se calefaccionan con leña, mientras el desarrollo del gas, tal como estaba planteado en esa época dejaba para el Estado 18% de los ingresos mientras el fluido se vendía a u$s 1 el millón de btu y la mayor ganancia quedaba en las empresas productoras y comercializadoras.
PROTESTAS
DE 2003

En la Argentina de fines de los 90, con otra estructura social pasó lo mismo y se tardó años en advertirlo. Nuestro país le vendió a Chile gas barato a u$s 1 que industrializó la empresa canadiense Methanex en territorio chileno (con fuertes ventajas impositivas además) para producir metanol que se vendía a precios internacionales en todo el mundo.
En Bolivia, desde 2003, se iniciaron las protestas de los campesinos en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos. De allí surgió Evo Morales que en 2006 terminó siendo elegido presidente por más de 50% de los votos, algo inédito en ese país.
En mayo de ese año, el nuevo presidente lanzó su política de nacionalización que consistió en asociar a la estatal YPFB con 50% más uno de participación en los grandes campos gasíferos, además de la reestatización de empresas consideradas estratégicas, como las operadoras de ductos y refinerías.
En algunos campos, por las medidas de Morales, el Estado terminaba recibiendo 84% de los ingresos. En otros, una proporción menor.
Algunas petroleras renegociaron su situación, como Repsol y Petrobras, probablemente convencidas de que aun bajo las nuevas condiciones, extraer el gas boliviano era un buen negocio. Otras, como Pan American Energy, compañía argentina controlada por British Petroleum, prefirieron no renegociar, pero todavía operan algunas áreas, porque no acordaron las condiciones de salida.
En los últimos días, luego de la rebelión de los cuatro o cinco departamentos más ricos, la francesa Total y la rusa Gazprom anunciaron que invertirían unos u$s 4.500 millones de dólares en las áreas gasíferas de Bolivia.
Pero las empresas como Repsol y Petrobras que renegociaron y comprometieron inversiones para este año, no las están cumpliendo. Apenas realizan desembolsos para mantenimiento, pero sin entrar en nuevos desarrollos.
La razón es que no se sabe cómo va a terminar la crisis boliviana. Tras el plebiscito que confirmó a Morales con más votos que en 2006, los gobernadores o prefectos de los departamentos más ricos, encabezados por Santa Cruz, retomaron con más fuerza que nunca sus pretensiones separatistas.
Con la excusa de recobrar un impuesto a los hidrocarburos que Morales desvió para una pensión a ancianos y niños, los separatistas critican también un proyecto de Constitución que refrendaría un criterio más equitativo de distribución de la riqueza.
Pero, sobre todo, creen que el gas es de ellos porque está en sus territorios y que con eso, tendrían recursos suficientes para «independizarse», dejando el lastre de la Bolivia pobre.
Con la crisis financiera que afecta al mundo, es ahora todavía más difícil que las empresas internacionales consigan créditos para desarrollar el gas de Bolivia, hasta que ésta no se calme y encuentre un modelo definitivo. Para la Argentina esto significa dejar de contar con más gas desde ese país prácticamente por tiempo indefinido.
Si nada cambia entre 2011 y 2012 faltarán en el mercado local unos 25 millones de metros cúbicos de gas, casi un cuarto de la producción nacional, que, según estaba programado, iban a entrar de Bolivia.

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