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28 de agosto 2008 - 00:00

Siguen postergando subas de tarifas de gas y electricidad

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La disminución del gasto en subsidios debería ser un tema prioritario para el gobierno. En primer lugar, para demostrar solidez fiscal que dé confianza sobre los pagos de la deuda en 2009, y en segundo lugar, para que la redistribución del ingreso pueda tener algún grado efectivo de cumplimiento. Pero la decisión política se retarda porque al oficialismo le sigue pareciendo muy costoso, en términos políticos, presentar un alza en las tarifas.
Según informaciones confiables, las distribuidoras eléctricas de todo el país pagan $ 35 por megavatio/hora a Cammesa, la empresa que controla el despacho eléctrico y las cuentas entre generadores y compradores. Esos $ 35 son ponderados por las distribuidoras según el tipo de cliente: al residencial, que en promedio equivale a 40% del consumo, le corresponden $ 16.
Sin embargo, el precio promedio de la energía que Cammesa les reconoce a los generadores es de $ 122 por megavatio/hora. En este cálculo, no está incluida la importación de fueloil y gasoil, para sustituir el gas natural en los días más fríos de otoño e invierno, ni la importación de energía de Brasil que fue muy significativa entre mayo y junio.
Como consecuencia de la diferencia entre el precio de venta y el que se reconoce a los generadores, queda un déficit en Cammesa, que debe cubrirse con subsidios o con incumplimientos de pagos, que, más tarde o más temprano, deben salir de las arcas del Tesoro.
De acuerdo con estimaciones discretas, Cammesa les debe actualmente a los generadores privados alrededor de $ 1.100 millones, mientras mantiene una deuda superior a $ 800 millones con agentes que dependen del Estado, como Yacyretá, Salto Grande y las nucleares Atucha I y Embalse. Por la suma de otros conceptos, el déficit actual de Cammesa orilla $ 17.000 millones.
Desde julio, en el gobierno se habla de una suba del precio mayorista de la energía (el que pagan las distribuidoras y se aplica en las tarifas de los usuarios) con vigencia a nivel nacional, que podrá contemplar excepciones para los consumos de menor consumo.
Llegó incluso a mencionarse una suba de 15% promedio en este precio, que tiene una incidencia de aproximadamente un tercio sobre la tarifa final que pagan los usuarios. Pero no se concretó.
El gobierno prefirió dar prioridad en los anuncios que considera antipáticos para la sociedad, a un alza en los márgenes que perciben las transportistas a nivel nacional y las distribuidoras que dependen del Estado (Edenor, Edesur y Edelap) a partir del 1 de julio.
Esas subas no aminoran los subsidios. A lo sumo, no los incrementan, si se puede creer que el gobierno se animara a subsidiar también a otros sectores. La suba de 30% promedio en las tarifas de esas distribuidoras fue, además, resultado de la presión del Sindicato de Luz y Fuerza para que se cumpliera con un aumento salarial que debía empezar a pagarse el 31 de julio. En esto también parece haber primado el criterio de evitar nuevos conflictos públicos, porque una de las compañías había anunciado que no estaba en condiciones de pagar el ajuste salarial.
Aunque el ministro Julio De Vido dijo que el dinero recaudado por la suba de tarifas será para inversiones, en las distribuidoras se afirma que 80% se lo llevaría el aumento de sueldos.
Con el gas sucede algo similar. Se compra fluido a Bolivia por u$s 7,8 el millón de BTU y se paga u$s 16 por el GNL importado para regasificar. El residencial, en tanto, paga menos de u$s 0,50 y el industrial un promedio de u$s 2,50. La diferencia son subsidios y precios retrasados con relación a la evolución internacional para los productores de gas.
En los planes inmediatos del gobierno, según las versiones que se conocen, no estaría, sin embargo, aumentar el precio del gas dentro de la tarifa final que también equivale a una tercera parte de ésta.
Se afirma que primero se dará autorización a las subas pendientes para algunas distribuidoras gasíferas que ya firmaron actas de acuerdo con la unidad de renegociación y pasaron la instancia del Parlamento, como Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur y Gasnor. También se menciona algún ajuste para Gas Natural BAN, que ya tiene tarifas nuevas desde abril de 2007, pero tiene retrasada la revisión integral y dos compensaciones por ajustes de costos.
Es difícil arriesgar qué es lo más imperioso en esta etapa, luego de cinco años de tarifas prácticamente congeladas. Pero sería mejor combinar las alzas de modo de bajar subsidios y al mismo tiempo, recuperar márgenes de empresas.

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