El incremento de motos en zonas urbanas potencia nuevas formas de criminalidad

El uso de motos en delitos crece de forma sostenida, mientras el parque vehicular se expande y los sistemas de control quedan rezagados.

Operativos policiales buscan reforzar el control de motocicletas en zonas urbanas de alta circulación.

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La moto se consolidó en los últimos años como un vehículo central en buena parte de la criminalidad urbana y está cada vez más asociado a rapiñas, microtráfico y ajustes de cuentas, sobre todo, en zonas de alta densidad urbana.

Un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) advierte que el fenómeno no responde únicamente a una cuestión policial, sino a un entramado que combina informalidad comercial, debilidades regulatorias y un mercado ilegal altamente rentable. Según el análisis, la moto se transformó en un "vector de oportunidad delictiva" por su bajo costo, facilidad de ocultamiento y rápida reventa.

La dinámica es conocida por los investigadores: motos robadas en hurtos rápidos, desarmadas en cuestión de horas para vender piezas o revendidas con documentación adulterada. Otras son alquiladas por lapsos breves para cometer delitos y luego descartadas.

Cifras que explican el fenómeno

Entre 2017 y 2024 se denunciaron en el país 72.990 hurtos de motocicletas, según datos del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (MI). El promedio equivale a 25 motos por día. En Montevideo, la cifra ronda las ocho diarias.

En ese mismo período, los hurtos de motos duplicaron a los de automóviles. Además, el uso de motocicletas en rapiñas creció de manera sostenida: pasó de 35,1% de los casos en 2019 a 41,3% en 2024. En Canelones, casi la mitad de las rapiñas del último año involucró motos; en Montevideo, cerca de cuatro de cada diez.

El fenómeno también aparece vinculado a delitos más graves. En homicidios asociados al narcotráfico, el uso de vehículos motorizados alcanza 34,7% de los casos, lo que refuerza la idea de que la movilidad rápida y flexible cumple un rol estratégico en determinadas modalidades criminales.

Un parque en crecimiento y controles débiles

El problema se da en un contexto de expansión del parque vehicular. De acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en 2024 el número de motocicletas volvió a crecer por tercer año consecutivo, alcanzando niveles similares a los de 2019.

La accesibilidad económica explica parte del fenómeno. Existen modelos 0 km desde unos 1.200 dólares, lo que facilita su adquisición. Sin embargo, no siempre se exige el empadronamiento efectivo al momento de la venta, pese a que la normativa vigente lo establece.

La falta de matrícula visible, seguro o licencia convierte a muchas motos en vehículos prácticamente invisibles para el sistema de control. Sin registro claro, la trazabilidad se diluye y la persecución penal se complica.

El mercado negro y los incentivos económicos

Más allá del uso directo para cometer delitos, existe un circuito paralelo de piezas y motores. Componentes de origen ilícito pueden venderse inicialmente a muy bajo precio en entornos informales y luego reingresar al mercado secundario a valores varias veces superiores.

Las plataformas digitales de compraventa agregan un nuevo desafío, ya que facilitan la colocación de unidades o repuestos sin mayores verificaciones. El incentivo económico es claro: la diferencia entre el costo de adquisición ilegal y el precio de reventa genera márgenes atractivos.

Cuando una moto es incautada, los costos de multas y depósito muchas veces superan el valor del vehículo, lo que lleva a su abandono. Esto retroalimenta el círculo de informalidad: se adquiere otra unidad, frecuentemente también irregular, y el ciclo vuelve a empezar.

Depósitos saturados y gestión pendiente

A junio de 2025 había más de 58.000 motocicletas incautadas acumuladas en depósitos en todo el país, según cifras del MI. Estos espacios, a cielo abierto en muchos casos, implican costos de custodia y riesgos adicionales de hurto o vandalismo.

La normativa establece plazos para su eventual subasta o destrucción, pero el proceso es lento. Algunas propuestas privadas plantean reducir esos tiempos para aliviar la saturación de los depósitos y disminuir gastos.

Mientras tanto, operativos como la "Operación Ñandubay", impulsada por el ministro del MI, Carlos Negro, buscan reforzar controles en todo el territorio mediante inspecciones rotativas. En sus primeros días se incautaron miles de unidades y se aplicaron numerosas multas, aunque el desafío estructural persiste.

La discusión trasciende la dimensión estrictamente represiva. El fenómeno involucra regulación comercial, control de empadronamiento, fiscalización departamental, educación vial y persecución de redes de robo y desarme. El desafío es evitar que la moto continúe como instrumento predilecto de la delincuencia.