Salir a defender la República en el Día de la Bandera y en el Día de la Independencia con Vicentin como emblema, puede devenir en un gran perjuicio para los intereses de la Nación.
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Télam
Las movilizaciones que hubo en buena parte del país con la excusa del 9 de julio no fueron exclusivamente por el Día de la Independencia. Hubo consignas por Vicentin y otras cuestiones, tal cual había ocurrido el pasado 20 de junio en el Día de la Bandera. Los argumentos fueron variados pero coincidentes. A través del seguimiento televisivo que hicieron los distintos canales, se escucharon argumentos comunes como “no queremos ser Venezuela” o “salvemos a la República”, entre otras. También se hizo especial hincapié en la libertad, presuntamente por quienes consideran que la cuarentena no puede ser eterna.
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Si bien es cierto que los productores rurales, con el epicentro puesto en Avellaneda, provincia de Santa Fe, donde se encuentra situada la empresa, fueron de los sectores que más convocaron, hubo una confluencia de gente que se nucleó en distintas ciudades del país con el mismo objetivo; mostrarle al Gobierno no sólo su descontento con la decisión de expropiar, sino además su rechazo a una forma de hacer política que también incluyó la sumisión del presidente Alberto Fernández a las decisiones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Tanto es así que el propio jefe de Estado se ocupó de repetirlo en cada entrevista, buscando aclarar que lo que se instaló en el imaginario colectivo no es así; “Cada cosa que no les gusta de mi Gobierno se lo cargan a Cristina. Es injusto, con ella y conmigo. Lo de Vicentin es una decisión mía”. Esta semana Alberto se ocupó de decir que con esa decisión se había equivocado, ya que pensó que “la gente iba a salir a festejar, teniendo en cuenta que el Estado salía al rescate de una empresa en quiebra para proteger los empleos”.
Como sea, está claro que Alberto se inmoló por la causa, asumiendo el costo político. Más allá del impacto de las masivas movilizaciones en rechazo a la expropiación, el presidente advirtió inmediatamente que si el juez no está de acuerdo con la propuesta del Gobernador santafecino, Omar Perotti, de intervenir la empresa, se retomará el camino de la expropiación. Sólo dos días después, volvió sobre sus pasos y señaló que se continuarán buscando otras alternativas. Mientras tanto la justica repuso al directorio de la familia vicentin al mando.
Es interesante analizar los motores que movieron la pronta salida a las calles de tanta gente. ¿Se puede estar cansado de un Gobierno que asumió hace seis meses, elegido legítimamente por las urnas? Claro que el 41% de los argentinos optó por otra alternativa, y que es ese mismo sector el que clamó por las consignas antes descriptas. Sin embargo, no deja de ser apresurado que se utilice un reclamo en particular – por cierto lógico, teniendo en cuenta que la intervención del Gobierno probablemente no sea la mejor ni la única opción- como salvoconducto para expresar otras críticas que nada tienen que ver con la realidad y que el único anclaje que encuentran como denominador común es el anti kirchnerismo.
Las cacerolas vuelven a recordar lo que fue el reclamo por la resolución 125 que obligaba al sector agropecuario a pagar más impuestos por las retenciones móviles a la soja. Esta reeditada disputa vuelve a incluir no sólo al campo, sino a todos aquellos que se encuentran en las antípodas del Gobierno. Lo curioso es que con esa excusa están defendiendo a una empresa prebendaria que hizo negocios con los préstamos y subsidios del sector público, los cuales nunca pagó, no porque no pudo ni por la crisis actual, sino porque no quiso. Como contraprestación, no son pocos los que aseguran que la empresa ha sido utilizada históricamente como una herramienta –fuera de la ley- para financiar a la política en las sucesivas campañas.
Fuentes calificadas del Banco de la Nación Argentina que estuvieron en los niveles de conducción en gestiones precedentes que pidieron no detallar dijeron -en off the récord- que “ninguna crisis causó el concurso de acreedores de Vicentin. Fueron los manejos espurios de sus dueños los que la llevaron a esta situación, donde el mecanismo de siempre fue usar al Estado para el salvataje económico y después ir pateando para adelante las deudas hasta conseguir la condonación o la quiebra con el objetivo de vaciar los activos y dejar un tendal al descubierto”.
Prueba de ello la tienen los más de 2600 productores cerealeros a los que la empresa Vicentin les dejó una deuda importante para sus precarias economías. Lo mismo que pasaría con los cerca de 4 mil empleados en caso de cerrar. Lo que resta saber –tarea para la justicia- es si hubo en esas maniobras negociados entre el sector público y el privado, cosa muy probable. Si bien es cierto que los bancos estatales tienen una misión social distinta a la de cualquier privado que sólo analiza la rentabilidad y los riesgos, como mínimo resulta llamativo observar cómo a pesar del pasivo de la empresa el Estado continuó prestándole plata presumiendo que no iba a devolverla.
Así las cosas, el contrasentido de salir a defender la República en el Día de la Bandera y en el Día de la Independencia con Vicentin como emblema, puede devenir en un gran perjuicio para los intereses de la Nación no sólo por desestimar la deuda, sino también por perder una empresa Argentina en manos extranjeras en un sector clave para la economía doméstica.
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