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Una década de gobierno kirchnerista basta y sobra para entender cómo el actual gobierno entiende al sistema judicial: como un obstáculo que debe ser removido o controlado.
Para ser francos, todos debimos investigar un poco más qué pasaba en Santa Cruz desde 1987 y qué era verdad de todo lo dicho en el libro sugestivamente titulado "El amo del feudo" de Daniel Gatti, que por algún misterio se agotó al poco tiempo de su aparición en 2003.
En 2003 la mayoría ignoraba o consideraba exageradas las versiones que venían del sur sobre las prácticas kirchneristas y su olímpico desprecio por las instituciones.
A medida que esas actitudes feudales se fueron repitiendo a nivel nacional, siguieron pasando desapercibidas en medio del rebote económico post 2001. El poco espíritu crítico que aparecía en esos años buscaba consuelo atribuyéndole a la entonces senadora Kirchner una vocación institucional de la que carecía Néstor. Y cuando fue elegida por su marido como presidenta, muchos respiraron aliviados. Pero fue un sueño vano.
La realidad es que debemos al primer Kirchner la única medida positiva en el terreno judicial, que fue la designación de la mayoría de los actuales jueces de la Corte. Porque, más allá de la opinión que cada cual tenga sobre algunas de sus teorías jurídicas y actuaciones personales, debemos decir que hasta hoy han sido razonablemente independientes, lo que en esos tiempos no fue poco.
Ahí se acabaron los hechos positivos de esta larga década. Con la entonces senadora Fernández de Kirchner tuvimos un preludio de qué querría para la Justicia con su reforma al Consejo de la Magistratura de 2006.
Con esa ley 26.060 la hoy presidente demostró que su objetivo no era la independencia del Poder Judicial que manda la Constitución, sino su control. ¿Cómo? Haciendo desaparecer el equilibrio entre jueces, abogados y políticos, atropello que motivó acciones judiciales por las que el Colegio Público de Abogados todavía espera sentencia de la Corte. Ese desequilibrio dio preeminencia al oficialismo en el Consejo, donde logró mayoría simple, lo que le permitió controlar comisiones y manejos administrativos.
Recordemos que el entorno ya era malo por los sucesivos desconocimientos de los fallos de la Corte que el Poder Ejecutivo decidió ignorar, como los del procurador Sosa, los jubilatorios y varios más. Si estas desobediencias constituyen o no un delito es algo todavía teórico, por el férreo control que la presidente detenta sobre el Congreso.
Hubo muchos más actos, decisiones, conductas y omisiones negativas para la Justicia en estos años. Fue negativa la postergación presupuestaria del sistema judicial, que le niega los fondos suficientes para su desarrollo, en una época en que el Estado ha dilapidado recursos por doquier y bien hubiera podido reforzar al poder que marca la diferencia entre una monarquía absolutista y una república.
Fue negativo el persistente rechazo a darle autonomía y autarquía a la Justicia, con lo que el sistema judicial no logra independizarse realmente del Poder Ejecutivo.
Fue negativa la falta de creación de nuevos y mejores juzgados penales con los que dar un verdadero y eficiente complemento a las fuerzas de seguridad, y así dar seguridad a la gente.
Fue negativa la persistente demora del Poder Ejecutivo en elegir candidatos a jueces de las ternas recibidas del Consejo de la Magistratura.
Fue negativa la actitud del gobierno contra los jueces que dictaron fallos adversos al poder, a quienes cubrió de insultos, acusó en el Consejo de la Magistratura y vilipendió a través de la corporación mediática gubernamental y de algunos dirigentes y organizaciones paraestatales que todos conocemos y no vale la pena identificar.
Fue negativa la inadmisible casualidad de que ninguna investigación judicial avanzara sobre los patrimonios "k" y sobre denuncias de corrupción en los casos Skanska, Ciccone, Báez, Once y tantos otros.
Fue negativa la incomprensible política de amparar a funcionarios procesados, en total contraste con las valientes decisiones de Dilma Rousseff en Brasil.
Fue negativa la sistemática defensa del oficialismo blindando al juez Oyarbide de los procesos iniciados en el Consejo de la Magistratura.
Fue negativa la remoción del procurador, juez y fiscal en el caso Boudou.
Fue negativa la designación de familiares para controlar o investigar acusaciones de corrupción en el sur.
Fue negativa la renuncia a la soberanía política y judicial argentina con el vergonzoso acuerdo con Irán.
Fue negativo la inconstitucional exclusión del control judicial sobre los actos de la Comisión Nacional de Valores.
Fue negativo que cuando las minorías en el Consejo de la Magistratura le impedimos hacer su voluntad, nos denunciara penalmente y luego, condenara a la inactividad a todo el Consejo por falta de quorum.
Y ha sido devastador el avance del Poder Ejecutivo sobre la división de poderes, intentando eliminar la independencia del Poder Judicial vía el control político del Consejo de la Magistratura, potenciado con una regulación inconstitucional de las medidas cautelares y con la creación de absurdas cámaras de casación.
El gobierno quiere dominar a los jueces y ahora solo los jueces pueden ponerle fin a esta década de avances contra su independencia, coronada por las increíbles leyes dictadas en mayo por un Congreso, que tarde o temprano deberá responder de sus actos cuando recuperemos el sistema republicano que lenta pero inexorablemente, el kirchnerismo diluyó.
Es nuestra responsabilidad haberlos dejado, así que ahora juntos, los jueces con el apoyo de todos nosotros, debemos justificar para qué estamos.
