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Muy estilizadamente, podría afirmarse que la agenda económica externa de los últimos diez años estuvo marcada por la búsqueda de la ampliación de la autonomía y márgenes de política pública, necesarios para sostener un proceso de reindustrialización y desarrollo económico. En el marco de un conjunto de reglas internacionales diseñadas, justamente, para "cerrar el candado" sobre un paradigma basado en la liberalización comercial y desregulación (Organización Mundial del Comercio, Acuerdos Bilaterales de Inversiones, CIADI, entre otros), esta política trae aparejadas tensiones. Algunos hechos puntuales ayudarán a ilustrar esta idea.
En la Cumbre de las Américas del año 2005 celebrada en la Ciudad de Mar del Plata, se echó por tierra el proyecto de consolidar una zona de libre comercio hemisférica. La región comenzó a cobrar así mayor protagonismo en el esquema de inserción internacional de la Argentina (UNASUR, CELAC, ampliación del MERCOSUR). La importancia económica de este giro puede explicarse tanto por la cantidad como por la calidad del intercambio comercial. Mientras que en 2012 las exportaciones argentinas de Manufacturas de Origen Industrial hacia América Latina representaron más del 54% del total (con un significativo valor agregado), solo un 19,6% de las ventas al resto de los destinos correspondieron a este rubro.
En el ámbito extra regional, se destaca la participación de Argentina en el G-20, foro que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo que, en su conjunto, concentran alrededor del 85% del PIB global, el 80% de los flujos comerciales y las dos terceras partes de la población mundial. En este ámbito, la Argentina puso sobre la mesa temas tales como los posibles impactos negativos de las políticas fiscales contractivas aplicadas en el bloque europeo, la regulación de los paraísos fiscales y las calificadoras de riesgo, y se opuso a la regulación de los precios de los commodities.
También ganó relevancia la vinculación con otros países emergentes, a través de lazos de cooperación Sur-Sur y la coordinación de posiciones comunes en distintos foros internacionales (OMC, G-20, UNCTAD, FAO, G-77+China, etcétera). Estos vínculos con otros países en desarrollo se cristalizaron también en una serie de esfuerzos conjuntos por detener el avance del "corset" de las obligaciones económicas internacionales. Debe recordarse que, si bien Argentina en los 90s no fue de los países más activos en la firma de Tratados de Libre Comercio (optó, en cambio, por la apertura unilateral), se destacó como principal país en el mundo en términos de Tratados Bilaterales de Inversión firmados y en vigor. El freno al proceso de creación del ALCA arriba descripto y la actuación conjunta de la Argentina con los demás integrantes del G-20 (alianza en el seno de la OMC de países en desarrollo) para detener el paso de la negociación de la Ronda Doha en Julio de 2008 son claros ejemplos del cambio de política en esta materia.
Por otro lado, la cancelación de la deuda total con el FMI en el año 2005 implicó recuperar márgenes de maniobra a la hora de definir la política económica doméstica. Esto fue acompañado, además, por una política de desendeudamiento externo, que redujo considerablemente la fragilidad financiera de la economía, aliviando al mismo tiempo las presiones sobre la balanza de pagos. Mientras que a principios de la década los intereses pagados por la deuda pública representaban 7,4% del PIB, en la actualidad rondan el 4%.
En un mundo cada vez más interdependiente, la exteriorización de la política interna trae naturalmente aparejadas tensiones. Es por ello que parte de la agenda económica externa argentina está concentrada en defender en diferentes foros internacionales (sistema de solución de controversias de la OMC, tribunales arbitrales constituidos en el marco del CIADI, tribunales de Nueva York, entre otros) los espacios de política pública aun disponibles.
Tras una década de fuerte crecimiento de los países emergentes y de estancamiento relativo de la economía norteamericana y de la Unión Europea, han surgido esquemas de integración y cooperación Sur-Sur que comienzan a relegar el rol de Estados Unidos como eje articulador de la economía mundial. Estos cambios reflejan también alteraciones en la distribución de poder a lo largo del planeta, otrora fuertemente concentrado en los Estados Unidos y estructurado a través del G7 y de diversas instituciones multilaterales que proyectan este poder a nivel global como la OTAN, la OMC, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y la OMPI, entre otras. Esta configuración presenta nuevas oportunidades para seguir preservando los márgenes de la política pública.
