Luz verde al FBI: podrá hackear legalmente computadoras de todo el mundo
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La "Regla 41" fue introducida por el Congreso de EEUU y le permite al organismo acceder remotamente a cualquier máquina sin restricción de frontera.
En otras palabras, esto significa que "un juez federal estadounidense está facultado para emitir órdenes de registro para hackear ordenadores en su circuito o jurisdicción, en otros y, si así se entiende, en cualquier país del mundo", explicó a Télam, por su parte, Martín Elizalde, abogado especialista en tecnología y cofundador de la empresa en investigación forense informática Foresenics.
Según Salt, esta situación está relacionada con los problemas que se desprenden del "acceso transfronterizo de datos", una noción que incluye aquellas investigaciones penales en las que resulta necesario el acceso a información alojada en servidores ubicados físicamente en jurisdicciones diferentes a la de las autoridades que tienen a su cargo la investigación.
"Por eso, a partir de esta modificación se abre una discusión enorme sobre el acceso fronterizo de datos en el mundo entero", aseguró Salt desde Washington, donde ayer participó de la novena reunión de la Organización de Estados Americanos sobre delito cibernético "Remja" (Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas).
En ese encuentro se abordó el llamado a que los países americanos se adhieran al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, pero la preocupación que despertó a nivel mundial la modificación a la Regla 41 obligó a tratar el tema de manera informal, por no estar incluido en la agenda oficial, comentó el funcionario argentino.
"Una de las principales preocupaciones es el poder potencialmente excesivo de los jueces estadounidenses para dictar órdenes de registro 'urbi et orbi', dado que la reforma permite acceder a ordenadores en el mundo entero", advirtió Elizalde.
El letrado citó como caso hipotético que la modificación de esta norma permite que, por ejemplo, el FBI intervenga una computadora en la localidad bonaerense de Quilmes por orden de un juez del Carolina del Norte.
Lo cual implica -agregó el letrado- que la normativa modificada "no tiene en cuenta la regulación sustantiva del derecho a la privacidad o las normas particulares sobre procedimiento, jurisdicción y competencia de cada uno de los países afectados".
Otro de los aspectos que también podrían entrar en juego -enumeró- es la cuestión de la privacidad, o como esté regulada la protección de los datos personales en cada uno de los países.
"La aprobación de esta norma fue algo que nos tomó por sorpresa a todos porque al estar en un año electoral no tuvo mucha repercusión mediática, pero sus consecuencias pueden ser muy serias en varios sentidos", consideró Elizalde.
Asimismo, informó que en Estados Unidos hay organizaciones sin fines de lucro como Electronic Frontier Foundation, que han expresado la preocupación por esta norma incluso en "niveles más básicos". Es decir, en su criterio, que podría extenderse a "la gente que niega el acceso a los datos de localización para aplicaciones de teléfonos inteligentes, ya que no tiene ganas de compartir su ubicación con redes publicitarias".
El carácter reciente de la modificación de la norma genera un escenario donde aún existen "discusiones internas" tanto en Estados Unidos como en el resto de los países, mientras que "la discusión sobre este tema recién está empezando", consideró Salt.
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