El Gobierno nacional formalizó la decisión de retraer el 1,18% de los recursos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para constitutir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y determinó, a la vez, que la administración y ejecución de ese fondo estarán a cargo del Gobierno de Axel Kicillof.
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La efectivización de esa ingeniería financiera para asistir y compensar a la administración bonaerense se conoce casi en simultáneo con el avance del Consenso Fiscal 2020 que impulsa la Casa Rosada. Entre otras cosas, el proyecto implica un impacto insoslayable para los Ejecutivos provinciales mediante el compromiso de no iniciar por dos años procesos judiciales de reclamo de coparticipación y de “desistir de los ya iniciados, (...) por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso”. Una condición que afecta directamente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que recurrió a la Corte Suprema para batallar por esa quita de fondos.
Así, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el gobierno de Alberto Fernández dio un paso más en la modificación del esquema de financiamiento que permitía al Gobierno porteño hacer frente a los gastos de seguridad generados por el traspaso de la Policía.
El recorte de la coparticipación se traduce, según los cálculos de la cartera de Hacienda que conduce Martín Mura, en la pérdida de 36 mil millones de pesos.
En cambio, el oficialismo nacional busca establecer un monto fijo y no un goteo mensual automático para compensar ese gasto.
Para ello, el Gobierno cuenta ya con una ley aprobada por el Senado, que espera ahora su sanción en Diputados.
“Establécese la integración del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, desde el 10 de septiembre de 2020, con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional provenientes de la recaudación de los gravámenes establecidos en el artículo 2º de la ley 23.548 (de coparticipación) como consecuencia de la adecuación dispuesta en el artículo 1º del decreto 735 del 9 de septiembre de 2020 en la participación de la Ciudad por aplicación del artículo 8º de dicha ley”, sostiene el texto de la resolución.
El decreto 735/2020 estableció la participación de la Ciudad en la distribución de los recursos coparticipables, fijando un coeficiente equivalente al 2,32 % sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en la ley de coparticipación. Por ese motivo, el Tesoro nacional recibirá los montos que surgen de esa diferencia y la participación que le correspondía a CABA según lo previsto en el decreto 194 del 18 de enero de 2016.
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