Impuesto a la riqueza: ''Lo seguiremos cobrando''

Buenos Aires - El recaudador bonaerense Santiago Montoya se mantiene firme y aseguró que la provincia continuará cobrando el impuesto a la riqueza, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó -en dos casos puntuales- la aplicación de este polémico tributo que recae sobre 100 mil contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 500 mil.
«Vamos a seguir aplicando las leyes vigentes con toda la fuerza de las herramientas que tenemos para hacerlas cumplir», afirmó Montoya, titular de la flamante Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), organismo autónomo respecto del Ministerio de Economía.
La provincia insiste en que el dictamen de la Corte emitido el martes se refiere a sólo dos contribuyentes, por lo que «los demás tendrán que continuar con el pago del impuesto. Seguiremos cobrando todo lo que tenemos que cobrar», puntualizó Montoya. «Indudablemente, todo este ruido de discusión de constitucionalidad o no nos complica mucho más la cobranza», reconoció de todos modos el titular de la ARBA.
Cabe señalar que hasta ahora el impuesto a la riqueza sólo fue abonado por 27% de los contribuyentes bonaerenses alcanzados por el gravamen, lo que generó ingresos por $ 87 millones desde su aprobación en marzo pasado. La proyección del gobierno es que este canon genere en 2008 ingresos por $ 150 millones (1% de la recaudación total).
Al respecto, Montoya consideró que si el fisco no puede cobrar el impuesto a la riqueza, «es una pena, porque son millones de pesos que se están cobrando dentro del grupo de 0,3 por ciento de los contribuyentes que más bienes tienen, y eso le quita progresividad al sistema». «Ahora vamos a trabajar en planes alternativos para reemplazar el dinero» que tenía previsto recaudar por este impuesto, agregó.
El máximo tribunal emitió un dictamen ante la presentación judicial de los contribuyentes Gustavo Capatti y Pedro Ramírez, el cual no es extensivo al resto de los bonaerenses. Ambos pidieron se declare inconstitucional la ley provincial 13.648, que establece alícuotas extra sobre Inmobiliario y Automotor. El plus es de 0,25% para patrimonios de entre $ 500 mil y $ 700 mil, 0,50% para los ubicados entre
$ 700 mil y $ 1,2 millón, y 0,75% para aquellos superiores a $ 1,2 millón.
El dictamen impuso la «prohibición de innovar» a la provincia, por lo cual ordenó que se abstenga de cobrar los adicionales a estos dos contribuyentes hasta tanto haya sentencia definitiva en la causa. El fin es evitar la doble tributación entre Nación -cobra Bienes Personales- y provincia. El gobierno de Daniel Scioli tiene ahora 60 días para argumentar ante la Corte.
La polémica que se debate ahora en terreno judicial -y que se dio durante el proceso de aprobación legislativa este año- obliga ahora a los contribuyentes a decidir si encaran también el camino de la litigiosidad, mientras se define la cuestión de fondo. Otros también optarían por aguardar el fallo definitivo en condición de morosos. Los cálculos de Montoya y el gobierno de Daniel Scioli apuntan a que la postura definitiva de la Corte se conocerá «no antes de seis meses».