También, la entidad elogió el compromiso entre los organismos a respetar a las provincias en sus derechos constitucionales como autoridad de aplicación en el derecho originario que tienen sobre sus recursos naturales. El acuerdo tiene por objeto articular y potenciar las capacidades de las dos áreas administrativas nacionales involucradas, con el objeto de contribuir un desempeño ambientalmente adecuado de la actividad minera actual y futura en todo el territorio nacional, mediante la provisión mutua de asistencia técnica, información y cooperación, de tal manera que permita compatibilizar el desarrollo económico y la protección del ambiente.
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