Definen el futuro del sector ovino

La Próxima discusión del presupuesto del año 2002 en el Congreso Nacional será el momento de la verdad para el Fondo Fiduciario de Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), creado por la Ley 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina, promulgada el último 4 de mayo. Se requiere una asignación de partidas en un contexto de enorme restricción de recursos. En estas circunstancias, será necesario revisar renglón por renglón todos los ítem del gasto público y priorizar las partidas que tienen capacidad para revertir la crisis económico-social que vive el país; en particular, las economías regionales extrapampeanas. Si esto se realiza en profundidad, existen razones legales, políticas, económicas y sociales muy importantes para permitir el financiamiento del FRAO.

La Ley 25.422 compromete al Estado nacional y provincial a realizar aportes para un fin específico: lograr competitividad y sustentabilidad de la actividad ganadera ovina.

El objetivo de contar con una ley fue justamente el de establecer un horizonte de planificación y gestión de largo plazo, que estuviera a salvo de cuestiones coyunturales y cambios de gobierno.

Desde el punto de vista político, todos los sectores involucrados han expresado sus opiniones y se han comprometido para que este régimen se implemente.

Urgencia

La postergación de este régimen dejaría al Estado sin instrumentos para establecer políticas sectoriales. En medio de una situación angustiante, no queda mayor espacio para promesas o planes que se prolongan indefinidamente en el tiempo. El compromiso y la voluntad de cambio de los productores, industriales y técnicos requieren el respaldo de hechos políticos concretos.

Resulta paradójico encontrar que en plena crisis los productos ovinos argentinos cuentan con oportunidades comerciales importantes. Las lanas patagónicas pueden aumentar drásticamente su precio (+40%-60%) mediante un programa de mejoramiento genético y otras normas de calidad. Las carnes ovinas se encuentran frente a un mercado interno desabastecido, con gran informalidad en los aspectos sanitarios y fiscales, y con una cuota de exportaciones a Europa de 23 mil toneladas anuales que sólo se cubre en 5%. Nuestras carnes son altamente competitivas si se logra capitalizar, mediante un sistema de comercialización eficiente, las ventajas de nuestros sistemas de producción a pasto. Existe un horizonte de progreso realista y accesible.

Sin opciones

Pero también es evidente que estas oportunidades de mercado no pueden ser aprovechadas por los actores sociales (productores e industriales) en las actuales circunstancias. El Estado no dispone de ninguna opción de costo cero: o decide aportar liderazgo y recursos financieros para acelerar el proceso de cambio o deberá afrontar los costos de la pasividad: la disminución de la riqueza generada, la liquidación de las existencias, el cierre de explotaciones e industrias, la caída de la recaudación fiscal, el incremento de las demandas sociales originado por el desempleo y la migración de la población rural hacia las ciudades.

Los programas regionales previstos permitirán lograr, en un plazo de diez años, duplicar el valor bruto global de la producción ovina (de 214 a 417 millones de pesos anuales). Además, las exportaciones podrían aumentar de 143 a 260 millones de pesos anuales. La Argentina cubrirá su cuota de carne ovina con la Comunidad Europea. A nivel microeconómico, mejorará la situación de los productores primarios. Muchos de ellos podrán alcanzar ganancias; otros, mejorar de manera significativa sus ingresos, satisfaciendo sus expectativas. Se reactivarán las industrias textiles, curtiembres y frigoríficos. También se podrá retener la población rural y aumentar 15 mil empleos.

Este régimen es una inversión, no un gasto. Se estima que, en términos de rentabilidad social, generará 3 pesos por cada peso invertido. La formalización del sistema de comercialización de carne, el aumento del valor de la producción y la mejora en rentabilidad concurrirán para generar un aumento importante en la recaudación fiscal, que pasará de 13 a 33 millones anuales en el año '10. Resulta menos oneroso para el Estado invertir en transformar este sector, que afrontar el costo social y económico de su decadencia.

Debe considerarse, además, que en la mitad del territorio nacional (La Patagonia, la Puna y el Litoral), la ganadería ovina es una actividad de difícil sustitución. Las alternativas de diversificación no están debidamente desarrolladas y se encuentran fuera del alcance de productores desorganizados y descapitalizados. Esto implica que mientras que en la región pampeana el ovino es sustituido por actividades más rentables, en el resto del país la declinación del ovino implica correlativamente el empobrecimiento (e, incluso, la bancarrota) de los productores agropecuarios.