Un programa para evitar el uso ilegal de semillas fue anunciado esta semana por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. La cartera agraria consideró «imprescindible» un ordenamiento del mercado de semillas, especialmente de soja y trigo.
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En el marco del programa, se indagará sobre «los orígenes de la semilla sembrada para deter-minar su legalidad y los posibles circuitos de su distribución, como también de la justificación de lo que pudiera encuadrarse como uso propio», se informó oficialmente.
De los 16 millones de hectáreas de trigo y soja que existen en el país, 11 millones se sembraron con semillas «ilegales», según datos de la Asociación de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV). La entidad advirtió que, como consecuencia de esta situación, el perjuicio directo a las investigaciones por el no cobro de regalías es de 33 millones de pesos; la pérdida estimada en facturación en soja y trigo asciende a más de 200 millones y la evasión fiscal superaría los 80 millones.
La multiplicación ilegal de semillas preocupa al sector agropecuario argentino, a la vez que «constituye una práctica ampliamente arraigada», sentenció ARPOV.
En esa línea, la entidad recordó que la violación al régimen legal de semillas, contenido en la Ley 20.247, «es un delito penal por el cual se castiga tanto al vendedor como al comprador, y es un fraude a la buena fe del productor y al licenciatario de semilla registrada».
En este sentido, la Secretaría de Agricultura advirtió sobre las consecuencias que puede traer a la cosecha la utilización de este tipo de semillas. «La semilla fiscalizada es la única que brinda todas las garantías de identidad genética, germinación y pureza físico-botánica para lograr este objetivo», se advirtió.
