Expresa la entidad ruralista que «resulta evidente que el Estado no está en condiciones de controlar en forma efectiva el desarrollo de esta actividad, lo que implica una total desprotección para el habitante de zonas rurales y una permanente exposición ante verdaderos «grupos armados» que deambulan libremente por caminos y calles vecinales, violando en forma permanente la propiedad privada», dice la carta firmada por el presidente Mario Llambías y el secretario de la entidad, Pedro Apaolaza.
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