Polémica por el fondo de ovinos

La incorporación de los $ 20 millones correspondientes al fondo anual previsto por la Ley Ovina al presupuesto 2002 fue comprometida por diputados nacionales de varias provincias. «Frente a la negativa del Ministerio de Economía de incorporar la partida al cálculo del Presupuesto del año próximo, los legisladores se comprometieron a defender la inclusión de los $ 20 millones previstos para desarrollar la ganadería ovina», se informó luego de una reunión efectuada en el edificio anexo de la Cámara baja.

También el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), Marcelo Regúnaga, ratificó su compromiso «con el respeto a la Ley 25.422» y prometió su pronta reglamentación para poner en marcha la Comisión Ase-sora Técnica que actuará como órgano asesor y garante de su aplicación. La decisión de los legisladores apunta a modificar la resolución atribuida al Palacio de Hacienda, que representa incumplir con una ley sancionada hace apenas dos meses por el Congreso nacional en su primer año de vigencia. «En atención a la importancia del Fondo para la promoción de la actividad ovina en todo el país y por respeto a nuestra coherencia legislativa no podemos aceptar el incumplimiento de una ley que votamos hace poco tiempo», dijo el diputado Héctor Romero (Chaco-UCR) al anticipar su respaldo a la iniciativa. En igual sentido se pronunciaron, entre otros, Ricardo Paterson (Santa Cruz-UCR) y Guillermo Alchouron (Buenos Aires-APR).

La opinión de los legisladores coincide con la de los gobiernos provinciales que confían en la Ley Ovina para aumentar sus producciones con una mínima inversión, consolidar el asentamiento de las poblaciones en zonas alejadas a los centros urbanos y crear nuevas fuentes de empleo rural.

Un estudio de la Secretaría de Agricultura destaca que «por cada peso que se invierta a través de la Ley Ovina se obtendrán 3 pesos de retorno» ya que el estímulo a la producción generará aumentos en la recaudación impositiva y con la creación de nuevos empleos significativos ahorros en los gastos asistenciales para desocupados.

Estima también que con los diez años de aplicación de la Ley 25.422 el stock ovino alcanzará 17,6 millones de cabezas, un número similar a las existencias de 1990 en lugar de bajar a los 11 millones de animales que marcan las actuales tendencias de caída de producción.

Asimismo destaca el desarrollo del mercado interno para las carnes ovinas, aten-dido actualmente con importaciones provenientes de Uruguay, y el crecimiento del comercio exterior en el que la Argentina cuenta con una «cuota Hilton» de 24.000 toneladas anuales que no puede cumplir por falta de existencia.

Al ratificar su compromiso con la ley, los legisladores indicaron que «es difícil encontrar otro sector de la producción en cuya defensa coincidan regiones tan dispares como la Patagonia, el NOA, el NEA, la Mesopotamia, Cuyo y la Pampa Húmeda».