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Así lo señalan esos países miembros del proteccionista G-10 (que integran junto con Corea del Sur, Noruega, Islandia, Bulgaria, Liechtenstein, Israel, Taiwán y Mauricio) en su revisión del anexo sobre agricultura del borrador de ese documento destinado a relanzar la ronda de Doha y sobre el que los 147 miembros de la OMC han sido llamados a ponerse de acuerdo de aquí al 30 de julio.
La cláusula de paz, que los países ricos consiguieron incluir en el acuerdo de agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para continuar impunemente sus subvenciones sin ser llevados ante el órgano de solución de diferencias de la OMC por prácticas de "dumping" (competencia desleal), expiró el 1 de enero de 2004.
A partir de esa fecha, los países en desarrollo y los de agriculturas muy competitivas como los del grupo de Cairns, al que pertenecen varios latinoamericanos, pueden teóricamente demandar a Estados Unidos o la Unión Europea por sus ayudas al sector que distorsionan el comercio agrícola. Preguntada por EFE al respecto, la portavoz de Oxfam en Ginebra, Céline Charveriat, criticó que los países ricos como los proponentes quieran "negociar las excepciones, como es de hecho la cláusula de paz antes que la regla".
Una vez que los miembros de la OMC se pusiesen de acuerdo en qué tipos de subvenciones continuar y bajo qué condiciones, podrían negociarse ciertas excepciones para aquellos que las necesiten, pero no al revés, agregó.
Es algo parecido, dijo Charveriat, a lo que pasa con los llamados "productos sensitivos", que los países ricos quieren seguir protegiendo con aranceles elevados para defenderlos de la competencia exterior. Suiza, Japón, Corea, Taiwán, Noruega y otros países del G-10 rechazan en el borrador revisado la imposición de topes arancelarios y reclaman mayor flexibilidad para eximir a una serie de productos del nivel general de reducción arancelaria.
Para Suiza, esos productos "sensitivos", que soportan hoy por hoy derechos de aduana anormalmente elevados, incluyen el vacuno, el azúcar o los lácteos, y en el caso de Japón también el arroz, los cereales y otros más hasta aproximadamente un 30 por ciento de sus importaciones agrícolas.
Un negociador japonés señaló hoy a EFE, sin embargo, que el país nipón importa actualmente el 60 por ciento de todos los productos agrícolas que consume, algo que no pueden decir muchos que reclaman una mayor apertura de mercados.
Suiza y Japón justifican los elevados aranceles por el alto nivel general de vida, que se refleja en los precios de sus propios productos agrícolas, y dicen que no pueden liberalizar tanto como otros países ricos -la UE o Estados Unidos-, que, además de importar, son poderosos exportadores.
La portavoz de Oxfam criticó, sin embargo, el argumento de la carestía general de la vida para justificar el alto nivel de protección, al señalar que en el caso suizo, por ejemplo, si los precios de los alimentos son tan altos es por la falta de competencia interna del sector, casi en régimen de duopolio.
Además, las millonarias subvenciones que los países ricos dedican al sector no favorecen en primer lugar a los pequeños agricultores, sino a las grandes explotaciones agrícolas, agregó la representante de la ONG británica, muy crítica con el proyecto de acuerdo marco presentado a los negociadores.
Al igual que Estados Unidos o la UE, Japón y Suiza, dijo Charveriat, son países que reclaman que los países en desarrollo se abran en otros sectores de gran interés exportador para ellos como los productos industriales o servicios, pero no están dispuestos a compensarlo con concesiones en agricultura.
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