A partir de la semana que viene el Congreso nacional iniciará su actividad extraordinaria. Deberá tratar proyectos claves.
Congreso de la Nación.
El Gobierno nacional convocó este viernes a sesiones extraordinarias en las dos cámaras que componen el Congreso de la Nación a partir de la semana que vienes para tratar un temario de 11 proyectos de ley, entre los que se incluye la denominada ley ómnibus de reforma del Estado, la boleta única de papel y bienes personales.
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Con la rúbrica del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el documento que se elevó a la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, propone convocar a Sesiones Extraordinarias a ambas cámaras del Congreso desde el 26 de diciembre -el próximo martes, primer día hábil de la semana- hasta el 31 de enero del 2024.
Se estima que en paralelo, se buscará terminar con las negociaciones para conformar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que será la encargada de analizar y emitir dictamen sobre el mega DNU 70/23 que modifica más de 300 leyes y que entrará en vigencia el próximo 29 de diciembre.
Además de la vigencia del Decreto N° 76 anunciado por Javier Milei, la lista de proyectos que se trabajarán en las sesiones extraordinarias serán:
El Congreso es una de las instituciones que puede derogar el paquete de implementaciones. En ese marco, inició la solicitud a los presidentes de los distintos bloques para que nominen a representantes que puedan constituir la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputados y 8 senadores. Todavía no se conocen los nombres que integrarán ese espacio y tampoco cuál será la composición de partidos, debido a que aún se negocian movimientos en los bloques que alteran la distribución de designaciones.
En el plazo de 10 días, esta comisión tendrá la tarea de elevar un dictamen de mayoría absoluta hacia ambas cámaras. El documento no puede establecer ninguna modificación sobre el DNU, sólo referirse a su validez y los plazos para su ejecución y adecuación. Una vez que el proyecto llegue al recinto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados deben rechazar el decreto para que este pierda validez. Hasta que eso no ocurra, continúa vigente. El oficialismo requiere que uno de los dos parlamentos decida acompañar el programa de medidas: con los votos de una cámara ya concreta la constitucionalidad, a menos que la Corte Suprema se expida sobre lo contrario.
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