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Consejo de la Magistratura, sus decisiones impositivas

Varias son las cuestiones que deben analizarse de esta norma, desde la interpretación de perfil legislativo hasta que resulta comprensiva de todos los funcionarios y empleados cuando la Constitución Nacional se refiere sólo a los jueces.

Esta colaboración analiza los alcances de la Resolución 8/2019, dictada por el Consejo de la Magistratura. Disposición, que merece incursionar en la naturaleza de este organismo, como las facultades, y si está o no habilitado para dictar normas de naturaleza tributaria.

Es importante destacar, que la norma que abre el cuestionamiento y llevó, primero a la causa judicial, y luego al dictado de esta resolución, hace omnicomprensivo de la imposición a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

En este punto debe hacerse una aclaración: La Constitución en el artículo 110 solo hace referencia a los jueces, no a “…funcionarios y empleados”, como si se extiende la voluntad el legislador en el inciso b, del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

1| Consejo de la Magistratura, naturaleza

Este organismo del Estado es una consecuencia de la reforma constitucional de 1994, tal cual lo prescribe el artículo 114 de la Constitución, donde se ordenaba sancionar una ley que reglamente el Consejo de la Magistratura.

La primera ley fue la 24.937, la cual, posteriormente se reformó (leyes: 26080 y 26885). Ninguna de las tres normas, alteraron el texto originario del artículo 1 de la ley 24.397, más allá de los agregados introducidos por la ley 26.885. Dice esta disposición: “El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, que ejercerá la competencia prevista en el artículo 114 de la Constitución Nacional”.

Esta caracterización legal, y la ubicación en la normativa constitucional (Capítulo II de la Sección Tercera, del Título I de la Parte Segunda), son aspectos reafirmado por la Acordada 4/2000 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se dijo, en relación a los alcances de la reforma de 1994 “Basta para sostener esta conclusión con tomar en cuenta que las disposiciones de la ley fundamental que crean al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados han sido incluidas en la sección tercera del título de la Constitución referente al Gobierno Federal, sección que establece el Poder Judicial, por lo que uno y otro son órganos de este Poder.” A lo que agrega, similar criterio se ha seguido en el caso de los organismos creados por la reforma citada, en el Poder Ejecutivo (jefe de gabinete) y en el Poder Legislativo (auditoría General de la Nación). Estas apreciaciones zanjarían la discusión doctrinaria que no es homogéneas.

En favor de considerarlo al órgano integrado al Poder Judicial, se pronuncian, entre otros: German BIDART CAMPOS (Tratado Elemental de Derechos Constitucional, T. VI, p. 501, Ed. Ediar, 1995); Horacio ROSATTI (Tratado de Derecho Constitucional T II, p. 458, Ed. La Ley 05-2017); María A GELLI (Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada T. II, p. 577, Ed. La Ley, 03-2018)

En otra postura, no es parte del Poder Judicial, Helio J ZARINI, funda esta apreciación en las siguientes razones “…a) su propia constitución; b) el origen de los integrantes; c) la carencia para ellos de las garantías constitucionales que prevé el artículo 110 para los jueces; d) sus integrantes no están incluidos, expresa ni implícitamente, en el texto del artículo 108, entre los que componen el Poder Judicial de la Nación…” (Constitución Nacional, comentada y concordada, p. 421. Ed. Astrea, 04-1996). Otra doctrina considera que es un “órgano extra poder”; entre otros Adrián VENTURA (Consejo de la Magistratura, Jurado de enjuiciamiento, p. 1, Ed. Depalma, 1998); Horacio GENTILE (La Justicia en la Constitución reformada”, La Ley t. 1994-E, p. 1151).

Sin embargo, más allá de las posturas, surge con absoluta claridad, que no integra el Poder Legislativo. La razón de mencionar esta conclusión se basa, que solo este poder está facultado constitucionalmente para establecer tributos. Facultad que tiene origen en la voluntad popular, que constituyó un ente, Estado, para la protección de sus derechos y garantías. Pero, a la vez, le significó al pueblo la obligación de contribuir, para que ese ente cumpliera con las funciones asignadas.

En la creación constituyente, se distribuyeron funciones, asignándosele al Poder Legislativo la delicada tarea de establecer los tributos, sustentado en que los integrantes son representantes del pueblo y elegido por ese pueblo. Es decir, la creación de tributos tiene directa relación con la voluntad y representación popular.

Por lo tanto, el Poder Judicial y los órganos que lo integran no pueden arrogarse facultades de naturaleza tributaria. Si así fuera, se estaría violando tres premisas básicas del Estado de Derecho Constitucional Democrático: a) Los designios del Poder Constituyente; b) La voluntad del pueblo; c) La expresa asignación de esa facultad al Poder Legislativo (artículos 4,16,17,52,75 inciso 1 y 2 y concordantes de la C N).

2| facultades del Consejo Magistratura

Las disposiciones constitucionales enunciadas en el artículo 114, inciso 3: “Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”; inciso 6 “Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”. Como las previsiones legales que emanan de la Ley 24397 y sus modificaciones, no le asignan en ningún momento la facultad de establecer tributos, ni obviamente incursionar en el contenido de los mismos.

Por otra parte, la referencia al funcionamiento del organismo, se hace mención a la relación con la independencia de los jueces, pero en ninguna disposición constitucional o legal reglamentaria hace alusión a la intangibilidad de la remuneración de los jueces (artículo 110 de la C N).

La enunciación dispuesta, tanto en el artículo 114 de la C N, como en la ley 24.937 y sus modificaciones, indican las facultades que puede asumir este órgano de la Constitución. Si el contenido no comprende las de naturaleza tributaria, mal puede dictar normas sobre esta materia; menos aún, cuando son atribuciones del poder legislativo. Por lo tanto, las disposiciones incluidas en la Resolución 8/2019, significa violar el principio de división de poderes, lo cual, agregaría una cuarta violación, a las enunciadas en el acápite anterior.

De este breve análisis ha quedado claro: el Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Jurisdiccional. Este poder no tiene facultad tributaria. Las facultades otorgadas refieren a, entre otras, controlar el ejercicio de la judicatura por los jueces, la administración del poder judicial, preservar la independencia de los jueces.

En cuanto a este último aspecto, si bien puede asumirse que la intangibilidad de la remuneración es un condimento de la independencia, no puede deducirse que pueda incursionarse en establecer aplicar normas tributarias a las remuneraciones.

El análisis indica un doble exceso, asumir atribuciones del Poder Legislativo, respecto a las tres clases de sujeto; y en particular, en relación a la magistratura, afecta preceptos constitucionales (artículo 110 CN)

3| Análisis de la resolución 8/19

Esta resolución es resultante del fallo del 27-11-2018, recaído en la causa “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional vs. EN - Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida”; donde la Corte revocó la medida cautelar peticionada por la actora en la “…acción declarativa de certeza con el objeto de que se despeje la incertidumbre provocada por la mención contenida en el artículo 5° de la ley 27.346, que sustituye el inciso a) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997)…”.

El motivo de esa presentación, estuvo fundado en la nueva redacción que tiene el citado precepto legal tributario, en especial, el segundo párrafo, cuando indica “En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.”

El planteo lleva a revisar dos cuestiones, una, la relación que esta norma tiene con las previsiones enunciadas en el artículo 110 de la CN referido a la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces; la otra, refiere a la legalidad de las normas tributarias dictadas, respecto a los funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Esta apreciación amerita separar dos cuestiones. Una, los alcances, respecto del citado artículo 110 de la CN. La otra, la injerencia en la normativa tributaria, que lleva adelante el Consejo de la Magistratura en la resolución 8/19, al incurrir en categorizaciones subjetivas, objetivas, o temporales, que anuncian ilegalidades manifiestas.

4| Artículo 110 de la constitución

En cuanto a la primera cuestión. Larga es la tradición legislativa – jurisprudencial referida al trato dispensado, por el Impuesto a las Ganancias, a la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, previsto en el artículo 110 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, la regulación señalada por la ley 27.346 no cambia nada, continúa incursionando en la inconstitucionalidad. La admisibilidad de este planteo, solo es posible, si se ignora la Constitución Nacional.

Si bien es cierto que hay una suerte de clamor popular, porque a los jueces se le graven las rentas obtenidas en el desempeño de su función. NO se puede pretender ignorar las normas constitucionales. Si la voluntad es gravar esas rentas, debe adecuarse el texto constitucional, por caso excepcionar la intangibilidad, señalando que se grava dicho emolumento.

Este clamor popular tiene relación directa con el desprestigio social de la judicatura. Particularidad que fuera señalada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. ROSENKRANTZ, en la apertura formal del año judicial 2019. Sin embargo, esta tampoco es razón, sino más bien, se debe exigir es sentencias adecuadas a derecho; resolver los casos de lagunas legales, entre otras, pero de ninguna manera es justificativo para ignorar los preceptos constitucionales.

Más cuando la oportunidad de efectivizar este reclamo popular existió en 1994, porque, habiendo por entonces la ley de impuesto a las ganancias contenido disposiciones que alcanzaban este concepto; y, además, existían precedentes jurisprudenciales que avalaban la improcedencia de este hecho imponible; el artículo 110 de la C N se mantuvo inalterable. Esta decisión de la Asamblea Constituyente, es una razón para considerar la exención de esta renta. Esta premisa despeja, en algún modo dudas, tanto de interpretación, como de pretensión.

5| Resolución 8/19 del consejo

El dictado de esta norma por el Consejo de la Magistratura tuvo por finalidad “…reglamentar la implementación, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, de la modificación introducida por la ley 27346 al régimen del impuesto a las ganancias.” (artículo 1, R 8/2019).

Esta decisión carece de sustento. Las razones son, entre otras, las siguientes: No existe en ninguna norma, que regule el funcionamiento de este organismo, que le conceda la atribución para reglamentar aspecto del impuesto a las Ganancias. Estas funciones solo se encuentran delegadas en el Poder Ejecutivo (artículo 93, inciso 2 de la C N); y este a su vez, delegó en la Administración Federal de Ingresos Públicos, aunque debe mediar autorización por ley del Congreso (artículo 7 del decreto 618/97).

En cuanto a las auto otorgadas facultades reglamentarias, y por consecuencia apropiación indebidas, en especial las tributarias, fue motivo de rechazo por cierta jurisprudencia(1). Por lo tanto, surge de esta mención, la improcedencia de estos actos reglamentarios.

En el artículo siguiente comete otro error, al indicar que la ejecución del presente protocolo corresponde a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial en el marco de las competencias previstas en el artículo 18 de la ley 24937 y modificatorias.(2) Agréguese, ninguno de los incisos abre la facultad de incursionar en aspectos materiales tributarios.

En el artículo 3 se establecen categorizaciones de carácter temporal, siendo punto de inflexión el 1 de enero de 2017, fecha que marca un antes y un después. Las rentas de los designados anteriormente, o los nombrados antes o después de dicha fecha, se encuentran exentas; las rentas de los designados a posterior están, gravadas. Se incluyen como exentos también a los funcionarios o empleados que hubiesen ingresado antes de esa fecha; como, los magistrados convocados a desempeñarse nuevamente en forma transitoria.

Otra observación, pero de carácter objetivo refiere al inciso e, del artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias. En este aspecto, el Consejo de la Magistratura incorpora a dicha norma, conceptos como “compensación jerárquica”; “compensación funcional”; “bonificación título” según corresponda; “bonificación por antigüedad” y “permanencia en la categoría”. Conceptos que de la lectura del citado inciso no son comprensible, dado que esta disposición dice “Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida por la Dirección General Impositiva”. Cabe preguntarse ¿Se pueden asimilar los conceptos enunciados por el Consejo de la Magistratura, con “movilidad, viáticos”? Sin duda, la expresión “y otras compensaciones análogas” enunciadas en el inciso e, requiere similitud, la cual no se da con los conceptos señalados por el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, en este punto incurre en un nuevo exceso calificable como inconstitucional, cuya consecuencia torna a este artículo 3 de la Resolución, nulo, de nulidad absoluta e insanable.

En otro pasaje, se señala, que las dudas que pudieran surgir de este Protocolo, el Consejo de la Magistratura designa como autoridad de revisión a la “Comisión de Administración Financiera” (artículo 16 de la ley 24397 y modificaciones). Comisión cuyas facultades no la habilitan para tratar estos temas tributarios.

6| Palabras finales

El colofón de este análisis es que el Consejo de la Magistratura han incurrido en una redacción normativa cuyo contenido no encuentra sustento, ni en la ley, ni en la Constitución Nacional, ni en las Convenciones Internacionales.

La auto atribución de facultades tributarias, como las efectivizadas en la Resolución 8/2019 es un exabrupto, que desnaturaliza cualquier buena intención que hubiere signado su dictado.

La ley es igual para todos, habitantes y Estado, no es casual la redacción del artículo 19 de la C N, cuando dice “…están solo reservadas a Dios, y exentas de los magistrados”. Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura, siendo sólo un órgano funcional del Poder Judicial, no puede incurrir, como lo hace en reformar la ley del Impuesto a las ganancias (inciso e, artículo 82), ni tampoco, propiciar categorías subjetivas temporales, determinando quien está alcanzado por el impuesto o no. Agréguese a ello, que no tiene facultades suficientes para dictar normas tributarias.

En suma, estas particularidades conforman supuestos de ilegalidad que enervan la legitimidad de la Resolución, determinando estos excesos la calificación de inconstitucional. Se ha violado el principio de legalidad, y la división de poderes. Admitir estos “atrevimientos legales” abren la “caja de pandora”, por la impensada significación de las consecuencias.

La Argentina, solo será, lo que alguna vez deseamos, cuando las personas y el Estado respeten el orden jurídico. La Constitución tenga la efectiva y plena jerarquía; se la aplique debidamente; no se la desmerezca con argumentos insustentables; porque estas afectaciones, tergiversan el orden, crean inseguridad, desnaturalizan los conceptos e institutos del derecho; y conspiran contra la esencia del hombre que es lograr paz, bienestar, vida digna. En suma, ejercer libre pleno efectivo sus derechos y garantías.

(1) “RAPPENS AUTOMOTORES S A”, J F Río Cuarto, 13-03-2007; donde se expresó “Resulta inconstitucional la resolución 1547/2003 dictada por la AFIP que reglamentó el art. 2° de la ley 25.345, pues si bien el art. 7 del decreto 618/1997 faculta a aquella a dictar normas reglamentarias en las materias que la ley autoriza, el art. 11 de la ley mencionada dispone que la autoridad de aplicación es el Banco Central de la República Argentina, excediéndose el fisco en la reglamentación dictada”; entre otros)

(2) Artículo declarado inconstitucional en “RIZZO”, CSJN, 18-06-2013, Fallos: 336:760)

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