Atacar empleo en negro tan útil como explosivo

En la economía occidental moderna y en democracia la evasión se combate: a) mostrando el uso eficiente de los fondos públicos; b) achicando el Estado y gastando menos o dejándolo igual, pero más eficiente; c) poniendo la presión fiscal a nivel de no ser expropiatoria y hasta bajando impuestos; d) desarrollando la economía y proponiendo amnistías (Italia y Alemania el año pasado recolectaron así 60.000 millones de dólares de connacionales en el exterior). Después de todo eso vigente en actividad normal y permanente de control, se lanzan los inspectores a la caza de los pertinaces.

Aquí es diferente porque, salvo amnistías, no se adoptaron los otros requisitos. Por eso el trascendido de que se enviarán 400 inspectores a la calle contra el «empleo en negro» es necesario por la contrapartida de mayores aportes a las arcas del Estado y porque el trabajador irregular ni acumula jubilación ni tiene cobertura médica, salario familiar, ni aguinaldo. Se calcula que hay 4 millones de trabajadores argentinos en esas condiciones sobre 8 millones con trabajo. El Estado, a su vez, mantiene «en negro», por la falta de aportes y coberturas (éstas las suple con hospitales públicos) a unos 2 millones de personas con distintos planes asistenciales, y este Estado no se va a investigar a sí mismo.

Por eso los 400 inspectores caerán sobre empresas privadas. No las grandes, que casi ninguna se arriesga con trabajadores «en negro». «Clarín», eso sí, por accionar político no hizo aportes previsionales por 400 millones de pesos. Pero sí caerán sobre empresas medianas y chicas, comercios, miniemprendimientos industriales.

Es bueno que todos paguen, porque así aumentará el ingreso de un Estado que no quiere achicarse sino, al contrario, agrandarse en la actual gestión. El problema es que el que «arriesga» con operarios «en negro» está en la línea de indiferencia de seguir o de cerrar. Le permite pagar sueldos sin abonar casi 50% de aportes previsionales. Es el empresario o comerciante pobre, casi sin activos, empresas familiares. Algunos pagarán. Otros cerrarán. El que cierra y deja empleados en la calle hará que se incremente el desempleo y hará aumentar los planes Jefas y Jefes de Hogar, con lo cual no alcanzarán los fondos del Estado, aun con la mayor recaudación por la campaña de los 400 inspectores. Por otra parte, los «en negro» que pasen a «desocupados» habrán perdido la «cultura del trabajo» para asumir la de «subsidiado», si la campaña se hace en serio.

¿La ganancia, entonces? No se puede dejar de fiscalizar, sin duda, porque se alentaría la irregularidad. Pero sin anuncios grandilocuentes. El único camino serio es el de los 4 puntos: gastar menos, incentivar las actividades, hacer eficiente el Estado y atraer -por seriedad de país y el desarrollo en marcha- los capitales en el exterior, algo que incluiría los 532 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz.