Autoritario proyecto contra el mal empresario de acordar

Los países emergentes están carcomidos por monopolios (una sola empresa o una que concentra 80% que fija precios y ataca a competidores); oligopolios (pocas que acuerdan precios pero compiten) y carteles (pocas también que además de fijar precios en común no compiten preservándose mutuamente sus «nichos» de mercado). Monopolio típico es «Clarín» y lo agravó su entrada ahora a CableVisión. Lo son ahora servicios públicos que antes eran monopolios estatales y ahora pasaron a ser privados. Oligopolio es consecuencia de la falta de capitales en países en desarrollo para hacer surgir nuevas empresas que compitan. Típico de esto son las ex empresas privadas de capital nacional que tuvieron que ir sucumbiendo a la fuerza y tentación de las multinacionales. Los «carteles» o la «cartelización» son pocas empresas como las cementeras sancionadas recientemente que no sólo acordaban sino que se presume que se respetaban sus fracciones de mercado. Son las formas deplorables, la más grave falla de la libre empresa que traban la defensa de la iniciativa privada por tales males. Deben ser formas combatidas aunque no es fácil. No es fácil y menos lo será si se aprueba el proyecto enviado ayer al Congreso por iniciativa del ministro Roberto Lavagna y aprobado en el acto y sin análisis por el presidente Néstor Kirchner. Toda solución que sea violenta, porque la practica, agrada al Presidente mientras no lo afecte políticamente. Y las empresas como tales no votan, por eso siempre quiere verlas a la defensiva, aunque después el gobierno lamente que no hay inversión en el país para reducir el desempleo sin gasto del Estado. El proyecto de ayer así presentado al Parlamento es autoritario, antidemocrático: un solo hombre, el ministro de Economía, determina dónde hay cartelización o no. Es fácil prever que si hay un aumento sectorial de precios aun justificado en costos o si las empresas no aceptan un «pacto con el gobierno» (en realidad un congelamiento de precios disimulado), Lavagna y sucesores quieren el poder omnímodo de declarar al sector rebelde como «cartelizado». En 1890 la «Sherman Act» fue la primera ley que encaró en EE.UU. la lucha contra los monopolios. Hubo variantes menores hasta que en 1914 otra ley, la «Clayton Act.», terminó de perfeccionar la defensa del consumidor al cual todo acuerdo empresario de precios lo perjudica. Pero allá actúan el procurador, los fiscales, las asociaciones de consumidores y deciden los jueces. Nada queda en manos de un funcionario que pueda encolerizarse o usar políticamente la «cartelización». En la Argentina siempre el tema fue casi broma. Hace menos de 10 años se votaba una «ley de monopolio a la argentina» que es un absurdo. Un legislador mendocino -hoy funcionario del gobierno- Rodolfo Gabrielli propuso excluir de cualquier clase de monopolio a «los medios de prensa». Obviamente era para permitir el monopolio de «Clarín». El peor de los monopolios es el de prensa porque nunca informará a la sociedad de los otros. Era tan absurdo ese artículo que no prosperó pero igual salió como ley antimonopolio un híbrido que no sirve. Hoy se propone cambiarla por un único inquisidor y juez, Roberto Lavagna y sucesores, cuando empresas -aunque no se «cartelicen»- pueden molestar al gobierno mientras, en el caso del monopolio «Clarín», es alentado a acrecentarse porque siempre sirve a los gobernantes de turno, antes militares y hoy civiles.

Leonardo Madcur

El presidente Néstor Kirchner envió ayer al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, para que el Poder Ejecutivo tenga la «decisión final y política» en operaciones de concentración económica que se efectúen en áreas sensibles, como servicios públicos, defensa, energía o minería.

Con estas modificaciones, será el propio ministro de Economía quien tendrá la última palabra en cuanto a las sanciones que se imponen a las empresas que puedan haber incurrido en concentración de mercado, pudiendo desestimar totalmente las decisiones adoptadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

El proyecto fue presentado ayer por Lavagna, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno junto al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el secretario de Coordinación, Leonardo Madcur.

Luego de discutir el proyecto con Kirchner, Lavagna explicó que la regulación de las fusiones y adquisiciones de empresas «es un instrumento de política económica de primera importancia para defender los intereses del consumidor, cuyo funcionamiento está pautado en una ley que hoy estamos proponiendo corregir». Según el jefe del Palacio de Hacienda, la reforma de la Ley 25.156 se propuso porque «esa ley otorgaba al Tribunal de Defensa de la Competencia derechos por encima de cualquier otra autoridad de la Nación, y se la ponía en situación de total autonomía». Para Lavagna, la ley actual «les sacaba a las autoridades políticas, empezando por el propio Presidente, la posibilidad de tomar decisiones en temas que son de primera importancia en materia de política económica».

Las tareas del Tribunal de Defensa de la Competencia -que aún no fue puesto en funciones pese a que así lo indica la ley- son llevadas adelante hoy por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Coordinación Técnica de Economía y que encabeza el abogado Ismael Malis. Actualmente, la comisión emite un dictamen y el secretario de Coordinación lo adopta. La labor de la comisión abarca la autorización de las fusiones o adquisiciones de empresas que puedan generar un monopolio en algún sector, y la sanción de las prácticas anticompetitivas que se verifiquen dentro de un mercado.

Pero el nuevo texto establece que el Poder Ejecutivo, que recibirá las recomendaciones del Tribunal, será quien tome «la decisión final» en caso de concentración económica en áreas de servicios públicos, defensa, energía, minería, o en las que tengan alto impacto sobre el empleo o la inversión.

La modificación también prevé «la constitución inmediata del Tribunal de Defensa de la Competencia», como forma de «fortalecer institucionalmente al órgano de Defensa de la Competencia», dijo Lavagna. La modificación de la norma incluye que en vez de formarse el tribunal por concurso como establecía la ley anterior, inmediatamente a la sanción de la modificación se constituya esta instancia con 5 miembros de la actual Comisión de Defensa de la Competencia y otros dos miembros designados por el Presidente. Luego, la renovación de los miembros será progresiva cada dos años y los mandatos durarán 6 años.

• Evaluación

El proyecto del Ejecutivo deberá ser evaluado en Diputados por las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor, pero fuentes legislativas expresaron sus dudas respecto de la fecha de tratamiento, ya que se prevén apenas tres o cuatro sesiones plenarias para antes de las elecciones de octubre, y una ardua discusión del Presupuesto para inmediatamente después.

La CNDC impuso el mes pasado una multa de $ 310 millones a las cuatro cementeras del país por mantener los precios «artificialmente elevados» mediante a una estrategia ilegal de concertación de valores y reparto del mercado. El organismo también había multado antes a los fabricantes de tubos de oxígeno medicinal por el mismo delito.

Otros de los mercados que monitorea la comisión son el de garrafas, el de urea granulada (el fertilizante más usado del país) y el de hierro redondo para la construcción.

Lavagna reveló que el gobierno «acaba de pedir de oficio un tema de análisis de cartelización», aunque evitó especificar de qué sector se trataba, y agregó que «en general se toman (los casos) con reservas para no generar obstáculos a la investigación». Fuentes del Ministerio de Economía advirtieron a este diario que está siendo estudiado por cartelización «al mercado de las frutas, donde la relación entre productores e industriales ha dado muestra de algunas irregularidades. Se han encontrado bajas en los precios que traen sospechas de cartelización», dijeron.