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Las divisas que envían los ciudadanos de esos países, que en su gran mayoría trabajan en negro y están indocumentados, sumaban hasta fines de 2000, alrededor de u$s 1.000 millones anuales. Después fue mermando porque los despidos los afectaron. El golpe de gracia fue el «corralito», ya que para girar al exterior necesitan dinero efectivo.
Entre las empleadas domésticas predominaban las de nacionalidad peruana y paraguaya. Sus sueldos oscilaban entre u$s 300 y u$s 600 mensuales. Después de la devaluación y tras la crisis del 3 de diciembre, esos ingresos en dólares disminuyeron a entre u$s 200 y u$s 400, lo que les resta una enorme capacidad de giro.
La construcción era otra de las fuentes de trabajo de bolivianos y paraguayos, principalmente. En los últimos dos años esta actividad cayó casi 70 por ciento y fue un gran expulsor de empleados.
Ahora, una parte de los 600 mil peruanos que viven en la Argentina retornarán a su país de origen y los que queden disminuirán drásticamente sus giros, lo que ocasionará un enorme problema al gobierno peruano.
Es que en la Argentina su salud era atendida por hospitales provinciales, no pagaban impuestos y no eran una carga para la seguridad social peruana. Como contrapartida, Perú se beneficiaba con ese ingreso de divisas que le mantenía calmo el mercado cambiario, aumentaba la demanda interna y mantenía controlada la desocupación que en estos momentos alcanza a 5,7 por ciento, pero con una subocupación superior a 52 por ciento.
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