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El argumento que expuso Remes Lenicov a través de su viceministro, Jorge Todesca, que, a su vez, envió el mensaje al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien debe tomar la decisión final, es que la remuneración de 3.000 pesos dentro de Economía y la AFIP sería insostenible para mantener la estructura profesional mínima para realizar una gestión respetable. Según esta línea de pensamiento, un técnico de Economía o del organismo recaudador que está fuera de los cargos políticos (ministro, secretario, subsecretario y director) cobra actualmente entre 5.500 y 3.500 pesos mensuales, y que cualquier disminución por debajo de ese dinero podría atentar contra la permanencia de este personal dentro de la función pública, y la amenaza de un eventual traslado al sector privado.
Los ejemplos clásicos del tema son los de los negociadores de la deuda pública argentina, que deben discutir miles de millones de dólares y que en los próximos días tienen que explicar por qué la Argentina no cumplirá con sus pagos y que en cualquier banco privado cobrarían por el mismo trabajo más de 10.000 pesos mensuales; y los inspectores de la AFIP, que tienen que auditar a los grandes grupos económicos que podrían pasarse a estos mismos contribuyentes por un mínimo más de retribución a los 2.500 pesos mensuales que cobrarían si se concreta la reducción.
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