Cambios en cláusulas antibuitre, único punto de coincidencia

Hay un punto en el que Argentina y los acreedores están de acuerdo. Si se modifican, aunque levemente, las “cláusulas antibuitre” aplicadas para los tenedores de deuda bajo legislación internacional, ambas partes en litigio quieren que estas tengan avales institucionales mundiales. Si continuaran las negociaciones en una próxima etapa (algo que deberá definir el Gobierno), el Ministerio de Economía de Martín Guzmán y los tres grupos que representan a los acreedores consultarán, entre otros, al Fondo Monetario Internacional (FMI), el G-20 y la Asociación Internacional de Mercado de Capital (IMCA, según sus siglas en inglés), para poder modificar las cláusulas que rigen para los acreedores que reclamen vía judicial ante eventuales nuevos defaults argentinos.

Estas obligan a obtener mayorías de 35% y a esperar al final de la vida útil de los bonos para poder avanzar en los juicios según las normas internacionales aplicadas desde 2014 en adelante. Argentina está dispuesta a considerar el reclamo, pero siempre que permanezca cubierto y bloqueada la alternativa de que un grupo pequeño de bonistas que no ingresen en la negociación puedan avanzar, y ganar, en juicios alternativos. Si desde los organismos financieros internacionales se encuentra una cláusula alternativa, el Palacio de Hacienda aceptaría las modificaciones.