Los acreedores privados, quienes depositaron dinero en escribanías por ejemplo, ya plantearon acciones legales contra el Estado para evitar la eliminación del CER. También en esta instancia se encuentran empresas y especialmente PyMEs, las que mantienen el ajuste de sus deudas según el CER o inflación pasada. Incluso éstas fueron más allá e hicieron llegar un proyecto a Economía para que se exceptúe de ese mecanismo de ajuste a las compañías con deudas inferiores a los 100.000 dólares. Ayer hubo una tensa reunión en el Palacio de Hacienda entre banqueros y el equipo económico. Roberto Lavagna sólo estuvo presente alrededor de 10 minutos, los que fueron suficientes para que los representantes de bancos le adviertan sobre la necesidad de una compensación por las modificaciones introducidas en el CER. Todo en realidad es en respuesta a la falta de un plan coherente en materia económica desde la salida de la convertibilidad, con medidas y contramedidas en función de los inconvenientes que causaban.
Según explicaron, los bancos ya están dando cartera propia para recibir los redescuentos necesarios para comprar bonos. Si además deben respaldar a los nuevos títulos, en caso de que el Estado no los pague las entidades tendrían una doble pérdida.
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