Hasta Eduardo Duhalde salió a sumarse ayer a los apoyos al nuevo canje de la deuda. Es que los bancos hicieron un diseño más político que financiero de la oferta, con muy pocas rendijas abiertas para críticas. Ayer desde el Congreso surgió lo previsible: para mediados de octubre estará aprobada la operación. Luego vendría la oferta en sí, que se cerraría antes de fin de año. Lo único en duda es la estrategia que adoptarán fondos buitre. Trascendió que la reestructuración del bono Aconcagua efectuada por Mendoza sería el ejemplo para seguir (pero la hizo Cobos).
El gobierno nacional enviará al Congreso el proyectode ley que autoriza el pago de la deuda en bonos en default que no ingresaron al canje de 2005. El anuncio del jefe de Gabinete, Sergio Massa, tomó por sorpresa a los diputados oficialistas que hasta ayer no tenían mayores detalles sobre la iniciativa que será remitida a la Cámara de Diputados «a mediados de octubre», según adelantó ayer el funcionario kirchnerista.
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La única certeza ayer en el Congreso era que el gobierno debería impulsar primero una modificación de la Ley 26.017, conocida como «ley cerrojo», norma aprobada en febrero de 2005, y que prohibía futuras negociaciones con aquellos acreedores que no se hubieran adherido al canje de unos u$s 102.000 millones. La «ley cerrojo» establece que el Poder Ejecutivo no puede reabrir el proceso de canje de bonos realizado del 25 de febrero de 2005 «ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos, y aquellos papeles que no se hayan canjeado hasta ese día serán retirados de todas las Bolsas y mercados de valores en los que estuvieran cotizando».
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo destacaba su potestad para negociar la deuda «en razón de la delegación de facultades cedida por el Congreso». Y afirmaba que «el camino elegido para la reestructuración de la deuda trata de lograr la máxima aceptabilidad del mercado dentro de lo más importante: la sustentabilidad».
Todavía resta definir si el proyecto de Presupuesto 2009, que comenzó a ser explicado ayer por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, a diputados oficialistas, deberá ser modificado tras el anuncio de la presidente Cristina de Kirchner en Nueva York. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el radical Miguel Guibergia, aseguró a este diario que como mínimo «hará falta una ley modificando la 'ley cerrojo' y autorizando la emisión de bonos», más allá de posibles cambios al proyecto de Presupuesto 2009.
Massa confió en que el Congreso avance en esta operación, que, de ser aprobada, finalizaría a principios de 2009. «Esto mejora el perfil de deuda. Significa no solamente un alivio de alguna manera en las cuentas fiscales, sino tener nuestro programa de vencimientos mucho mejor escalonado año tras año», destacó el jefe de Gabinete.
En declaraciones radiales, el funcionario subrayó, además, que si el Congreso aprueba la reapertura del canje, el procedimiento durará «entre 120 y 150 días».
Pero, de acuerdo con los adelantos de Massa, el Congreso también deberá ratificar la propuesta realizada por tres bancos, el Barclays, el Citigroup y el Deutsche, para cancelar la deuda de los bonistas que quedaron fuera del canje de 2005.
Importancia
También destacó la « capacidad de pago sólida» del país con «superávit fiscal» y remarcó que este anuncio «no se desprende» de la decisión de pagar al Club de París, «sino que incluso es más importante en términos de volumen».
Según el funcionario, «el proceso de evaluación» de las propuestas que acercaron tres bancos para canjear por lo menos 10.000 millones de dólares de bonos en default «va a llevar entre dos y tres semanas».
El jefe del bloque del Frente para la Victoria de Diputados, Agustín Rossi, anticipó que la propuesta de canje que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento tendrá «un tránsito sin inconvenientes». «En la medida en que la propuesta final esté explicitada, puede encontrar el acompañamiento de varios bloques», se entusiasmó el titular del bloque oficialista.
Ayer, el oficialista Frente para la Victoria apeló a la amplia mayoría con la que cuenta en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y emitió dictamen favorable sobre el primer DNU dictado por la presidente Cristina de Kirchner que autoriza un aumento del gasto público en 36 mil millones de pesos.
El dictamen deberá ahora ser aprobado por ambas cámaras, y de ese modo se convalidará el mayor pago de subsidios a sectores como la energía y transporte, el desembolso previsto para el Club de París y para varias obras públicas, entre otros.
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