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16 de agosto 2006 - 00:00

COPAL pide IVA único para cadena del pan

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Casi como por un designio bíblico, el pan fue uno de los temas centrales del almuerzo que compartieron ayer la «mesa chica» de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la ministra de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Débora Giorgi. Es que la COPAL, la poderosa entidad que reúne a las empresas alimentarias, está a punto de lograr que el Congreso apruebe una ley que unificará en 10,5% la alícuota del IVA para toda la cadena del pan.

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Antes de comenzar el almuerzo formal, el encargado de informar cómo estaba el trámite en el Parlamento fue, obviamente, el titular de la COPAL, Alberto Alvarez Gaiani. El ex presidente de la UIA dijo que el proyecto había salido con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que podría tratarse hoy mismo en el recinto.

  • Optimismo

  • Dado que Alvarez Gaiani y sus colegas hicieron ingentes gestiones primero ante el titular de la AFIP, Alberto Abad, y luego ante la ministra de Economía, Felisa Miceli, los industriales descontaban que aquél sería aprobado sin inconvenientes en la Cámara baja, lo que a su vez abriría la puerta para su sanción por parte del Senado.

    La ley modificaría el actual estado de cosas en la denominada «cadena del pan», eliminando -asegura la COPAL- una distorsión que favorece el «negreo» (nada menos que de la harina) sin que esto deba implicar una suba en el precio de ese alimento.

    Hoy el trigo paga 10,5% de IVA, la harina 21% y el pan nada. Esto hace que las grandes cadenas de panaderías y los súper e hipermercados no tengan cómo descargar el 21% que pagan por la harina, por lo que deben volcarlo al precio final. Esos grandes comercializadores, obligados a trabajar «todo en blanco», se abastecen en Trigalia, Morixe o algunos de los grandes molinos harineros que actúan en el país.

    En sentido inverso, las panaderías de barrio -muchas de las cuales trabajan todo en negro- les compran a los pequeños molinos «truchos» que también les venden sin factura.

    Trigalia, cabe recordarlo, tiene cerca de 30% del mercado harinero argentino, y es 100% propiedad de la estadounidense Cargill, tras la compra del 50% que era de Molinos Río de la Plata. Fuentes de la industria estiman que las ventas de harina en «negro» abarcan entre 35% y 45% del mercado.

    Alvarez Gaiani explicó a sus pares de la UIA que el pan no deberá subir, sino todo lo contrario. Podría argumentarse en contra de esta afirmación que muy difícilmente un producto que subió alguna vez baje (salvo por cuestiones estacionales).

    De todos modos, no todo es límpido en el negocio de las harinas: tal como adelantó este diario, la semana pasada las autoridades aduaneras brasileñas impusieron el denominado «canal rojo» a las exportaciones de harinas y preparados de harina argentinos hacia el socio del Mercosur.

  • Barrera

    En la práctica, esto es una barrera paraarancelaria impuesta por Brasil, que tiene a la Argentina como su principal proveedor de harinas. La medida significa que este producto no podrá ser exportado a Brasil de manera automática (como si fuese a una provincia argentina, por caso); por el contrario, toda operación deberá atravesar trámites y autorizaciones como si se tratara de una venta extrazona. «No entendemos por qué Brasil tomó esta medida, salvo que sea en represalia a alguna otra similar que haya tomado la Argentina», dijo una fuente de la industria molinera. «Esperamos que los gobiernos puedan ponerse de acuerdo en levantar la medida.»

    Tras el informe de Alvarez Gaiani, los directivos de la UIA, encabezados por Héctor Méndez, se dirigieron al Salón Peteriby, donde los aguardaba una «mujer de la casa», como lo es Giorgi (la economista trabajó para la UIA hasta asumir en el gobierno de Felipe Solá). Allí se tocaron los temas habituales que desvelan a los empresarios que actúan en el ámbito provincial: las tasas municipales (abasto, publicidad, transporte, etc.) que reiteradamente han sido calificadas de «distorsivas e inflacionarias» por las dirigencias empresariales.

    La funcionaria prometió ocuparse del tema, pero de todos modos no parece haber demasiado espacio para el optimismo: el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para incorporar a su escudería -de cara a las elecciones del año próximo- a la mayor cantidad de intendentes posible. En este panorama, no parece factible que vaya a «meter mano» en una caja que representa buena parte de los ingresos de muchos municipios.
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