La privatización contaba con varios obstáculos, más allá de los planteos políticos contrarios a la reprivatización.
Esa subvención debía quedar a cargo de todos los prestadores postales, incluido el Correo oficial, en proporción a su facturación.
Por otra parte, los eventuales interesados que se habrían acercado en estos meses, habrían solicitado una ley que regulara la actividad postal y evitara la competencia desleal de los operadores ilegales, por lo general de pequeñas dimensiones.
También se indica que el gobierno no cree que éste sea el momento político más oportuno para discutir en el Congreso una ley para la actividad postal, cuestión que quedó paralizada en 1996, cuando un debate sobre el proyecto terminó con las acusaciones del ex ministro
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