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La Corte Suprema mantuvo la decisión de una corte de Apelaciones en el sentido de que el gobierno no puede basar su caso contra las principales tabacaleras en las leyes federales dictadas para luchar contra el crimen organizado. Estas leyes fueron dictadas para retener ganancias del crimen organizado.
El gobierno pretendía exigir la devolución de las ganancias de 50 años a las tabacaleras, entre ellas Philip Morris y Reynolds.
La demanda fue entablada en 1999, bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, alegando las consecuencias "devastadoras" del tabaco sobre la salud de la población.
El argumento es que las tabacaleras estarían implicadas en una actividad fraudulenta, al encubrir los males del tabaco y dirigir su mercadeo a los menores de edad.
La decisión del máximo tribunal de justicia de Estados Unidos representa una gran victoria para las tabacaleras, que esperan, sin embargo, la conclusión del juicio en su contra emprendido por el gobierno.
No obstante, siguen corriendo el riesgo de tener que pagar indemnizaciones, aunque de una cuantía muy inferior a la prevista en la medida que la legislación contra el crimen organizado no puede ser aplicada a su caso.
Con el anuncio de la decisión de la Corte Suprema, subieron las acciones de varios fabricantes de cigarrillos en la bolsa de Nueva York.
Las del grupo Altria (ex Philip Morris) subieron 6,45% hasta 75,22 dólares hacia las 15H45 GMT, y las de Reynolds American, casa matriz de RJ Reynolds Tobacco Company, lo hacían 5,54% hasta los 83,10 dólares.
El gobierno demócrata de Bill Clinton había recurrido a numerosas acusaciones para realizar las demandas contra los fabricantes de cigarrillos, entre ellas la manipulación de las dosis de nicotina para aumentar la dependencia de los fumadores y la retención voluntaria de los resultados de investigaciones científicas que demostraban los riesgos para la salud.
Pero en junio el gobierno del republicano George W. Bush sorprendió al país al reducir espectacularmente sus exigencias financieras. Sólo exigió 10.000 millones de dólares para una campaña nacional para estimular el abandono del hábito de fumar, cuando antes se exigían 130.000 millones.
Este cambio de postura provocó indignación en la oposición y en las organizaciones de lucha contra el tabaquismo, que interpretan esta reducción de los reclamos ante la justicia como un regalo del Partido Republicano a uno de los más generosos donantes a sus campañas.
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