13 de abril 2012 - 15:24

Crece lobby español contra Gobierno por YPF

El embajador argentino en España, Carlos Antonio Bettini, el canciller español, Juan Antonio García-Margallo, la vicepresidente de España, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Comunidad Europea, José Manuel Durao Barroso.
El embajador argentino en España, Carlos Antonio Bettini, el canciller español, Juan Antonio García-Margallo, la vicepresidente de España, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Comunidad Europea, José Manuel Durao Barroso.
Mientras se dilata el anuncio de Cristina de Kirchner sobre el modo en que el Estado ingresará a YPF, el Gobierno español incrementa de un modo febril el lobby en distintas latitudes para presionar en defensa de los intereses de Repsol, accionista mayoritario de la exestatal argentina. Con distintos contactos con funcionarios argentinos y europeos, las autoridades españolas apuntan a lograr una salida que no perjudique a los capitales del país ibérico. En línea con esa intención, este viernes la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que su Gobierno "tomará las decisiones que correspondan" sobre este tema.

Este viernes, el canciller español Juan Antonio García-Margallo, convocó de forma imprevista al embajador argentino en Madrid, Carlos Antonio Bettini, para transmitirle el malestar de la administración de Mariano Rajoy por el avance sobre YPF, plasmado por la quita de concesiones que distintas provincias argentinas han adoptado en las últimas semanas, lo que tendría como corolario el ingreso del Estado Nacional en la exestatal.

La reunión realizada en el Palacio Viana, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español, se extendió por espacio de 45 minutos. Allí el canciller español le dio a conocer a Bettini la posición oficial de su gobierno y la preocupación por el futuro de la petrolera, en la cual la empresa española Repsol tiene el 57,43% del paquete accionario.

Tras el encuentro, Bettini se retiró sin hacer declaraciones, pero quien si habló en conferencia de prensa fue el canciller español. García-Margallo, en un tono entre componedor y amenazante, afirmó ante los periodistas que es tiempo de abrir el "diálogo" entre ambos gobiernos para resolver el caso de la petrolera. Aunque consideró que una "agresión violando el principio de seguridad jurídica será tomada como una agresión por España".

En otro tramo, advirtió que "la ruptura de una negociación entre España y Argentina no sería una ruptura solo en términos económicos, sería la ruptura de una relación fraternal que hemos tenido en mucho tiempo".

Esta reunión se suma al lobby que funcionarios del Gobierno español vienen realizando en el último dos meses, tiempo que incluyó viajes relámpagos a Buenos Aires del ministro de Industria y Energía, Juan Manuel Soria para tomar contactos con funcionarios argentinos, e incluso el llamado del Rey Juan Carlos a Cristina de Kirchner, a fines de febrero, para pedirle por los intereses de Repsol.

Otros de quienes viene cruzando el Atlántico más veces de lo esperado es el titular de la petrolera española, Antonio Brufau, otrora uno de los empresarios mimados por el kirchnerismo. Ayer el ejecutivo logró, luego de mucho insistir, ser recibido por el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien le transmitió su incertidumbre por el futuro de la empresa.

También durante la jornada, España logró que la Unión Europea le dé un explícito apoyo -y obvio teniendo en cuenta que el país ibérico forma parte del bloque- en defensa de los intereses españoles en la Argentina. En ese sentido, el vocero comunitario Olivier Bailly afirmó que la Comisión Europea (CE) está "al lado de España".

Además señaló que "la Comisión, a través de su delegación en Argentina, ha expresado su preocupación al Gobierno argentino, por medio de un contacto entre nuestro jefe de delegación y un miembro del gabinete de la señora (Cristina de) Kirchner en Buenos Aires".

También abogó para que ambos países "encuentren una solución acordada juntos" para que esto "no perjudique el ambiente de trabajo, las relaciones económicas entre la UE y Argentina". Y afirmó que la CE espera que el Gobierno argentino "garantice el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio".

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