Dos altos ejecutivos de la empresa Telecom Italia son investigados por el supuesto delito de evasión tributaria en el marco de un expediente que tramita ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 de la Capital Federal.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según pudo saber este diario en fuentes tribunalicias la pesquisa es una derivación del expediente N° 1.831, «Viazzo y otros s/infracción a la Ley 24.769».
El pasado 13 y 15 de mayo los ejecutivos Franco Bertone y Oscar Cicchetti fueron indagados por la supuesta evasión de la suma de $ 516.000 en el IVA correspondiente al ejercicio fiscal 2001 a que se encontraría obligada la empresa de telecomunicaciones presidida actualmente por el abogado Enrique Garrido.
La maniobra investigada por la Justicia apunta a desentrañar la existencia de una declaración jurada supuestamente engañosa del referido impuesto en atención a que «se habrían computado créditos fiscales supuestamente improcedentes, quedando reducida la base imponible sobre la cual debía calcularse el impuesto para el período en cuestión.»
Bertone y Cicchetti, ambos en su carácter de directores titulares de Telecom Italia, también fueron imputados personalmente por la supuesta evasión del pago de la suma de $ 992.784,75 en concepto del Impuesto a las Salidas no Documentadas correspondiente al período fiscal 2001. Los hechos cuestionados por la Justicia se habrían registrado a través de erogaciones sin el respectivo respaldo documental. En su descargo, los ejecutivos -de nacionalidad italiana- manifestaron que « aparentemente en este caso ni los sistemas ni los procedimientos previstos permitieron detectar las operaciones cuestionadas».
Agregaron que «esto pudo ocurrir debido a que el nivel de operaciones de Telecom Argentina SA era importantísimo. Por entonces se hacían más de 20.000 pagos mensuales a proveedores de distinto tamaño y se procesaban facturas con montos absolutamente diversos».
De acuerdo con los directivos imputados, «la empresa contaba con más de 3.000 proveedores activos por lo que el control de su facturación se llevaba a cabo con una estructura específica adecuada a ese volumen. Toda esta operación era también objeto de revisión por parte de los Auditores Externos independientes».
En el marco del expediente instruido por la fiscal en lo Penal Económico, María del Carmen Rogliano, y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), Mariano Borinsky, se realizaron decenas de allanamientos y se acumularon cientos de fojas derivadas de información aportada por la División de Asuntos Legales y de Inteligencia Fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Dejá tu comentario