El proyecto de Ley de Tabaco que el Ministerio de Salud se apresta a enviar al Congreso no incluirá el capítulo impositivo, pese a los deseos de las tabacaleras. Así lo aclaró el titular del área, Ginés González García, en el encuentro que mantuvo con un grupo de senadores oficialistas.
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La ley que será discutida, por lo tanto, incluirá exclusivamente las cuestiones sanitarias ligadas al cigarrillo. Pero será el Ministerio de Economía el encargado de negociar el nuevo acuerdo de recaudación con las tabacaleras y, eventualmente, avanzar hacia una nueva ley que reglamente cómo seguirá el esquema impositivo para la venta de cigarrillos.
El nuevo pacto que firmarán las empresas con Economía incluirá una recaudación de $ 4.200 millones para el primer año, que subirá hasta $ 4.400 millones el segundo. Esto implica un incremento de 10% respecto al nivel comprometido en el último acuerdo ($ 4.000 millones), que finalizó en marzo. No habrá cambios impositivos respecto al esquema vigente en la actualidad.
Las tabacaleras consideran que la próxima discusión sobre la Ley de Tabaco que se dará en el Congreso debía ser integral. Esto implica que debía abarcar la parte sanitaria (por ejemplo, cuáles son los lugares prohibidos para fumar o restricciones a la publicidad) junto con la política de precios e impuestos para los cigarrillos.
La lógica es que un proceso de caída en los precios como se viene dando en los últimos doce meses lejos de alejar al público del cigarrillo estaría alentando el consumo. La preocupación de las tabacaleras grandes pasa también por la pérdida de participación de mercado, ya que las tabacaleras chicas (que en muchos casos trabajan ilegalmente) son las que ganan participación con marcas más baratas.
Por eso, las principales empresas pedían que la nueva ley incluya el concepto de «precio mínimo» para evitar el derrumbe de los valores, cuando en el resto del mundo la política pasa por incrementarlos para desalentar el consumo.
Este concepto fue reemplazado por el de «tributación mínima», por el cual se establece un nivel base para el pago de impuestos que está en relación con la marca más vendida de cada empresa. Sin embargo, las compañías chicas consiguieron eliminar esta exigencia al recurrir a la Justicia.
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