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El veto del Ejecutivo está plasmado en el decreto 30, que firman Eduardo Duhalde, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros del Interior, Rodolfo Gabrielli, de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf, de Trabajo, Alfredo Atanasof, de Justicia, Jorge Vanossi, de Economía, Jorge Remes Lenicov, y de Producción, Ignacio de Mendiguren.
En los fundamentos del decreto, el gobierno argumentó que es necesario observar esa frase dado que «las evidentes limitaciones económicas no permiten en las actuales circunstancias extender los montos adecuados superiores a u$s 100.000».
El artículo sexto permite pesificar las deudas bancarias de créditos hipotecarios, personales, prendarios y de PyMEs que no superen los u$s 100.000, autoriza a compensar los desequilibrios en el sistema financiero mediante una retención a las exportaciones petroleras, y establece que el PEN dispondrá de las medidas para la devolución de los depósitos en dólares o pesos.
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