Las empresas de medicina prepaga que habían anunciado aumentos a sus afiliados decidieron dar marcha atrás, al menos de acuerdo con la versión que ayer dejó trascender la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno. Desde allí señalaron que «a quienes hayan pagado la cuota con aumento se les devolverá la diferencia».
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Sin embargo, algunas de las compañías que tomaron esta decisión no estarían de acuerdo con no aumentar. Si bien Moreno hizo gestiones con las dos cámaras grandes del sector (ADEMP y CIMARA), muchas empresas no están afiliadas a ninguna de ellas y, por lo tanto, no tienen compromisos para cumplir con el gobierno.
En las últimas jornadas se viene ejerciendo una fuerte presión tanto desde Comercio Interior como desde la Superintendencia de Salud, a cargo de Héctor Capaccioli. Desde el miércoles enviaron inspectores a las compañías para revisar balances y el listado de afiliados. Se trató de una clara intención de evitar los ajustes, que por lo sucedido inmediatamente después, dio resultado.
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En rigor, una sola empresa de medicina prepaga ya había subido sus cuotas, pero otras habían enviado cartas anunciando a los afiliados las alzas, que por ahora serían dejadas sin efecto. Las empresas tienen que anunciar con 60 días de anticipación cuándo definirán un aumento. En el Ministerio de Economía muestran preocupación debido a que la suba en el rubro servicios de salud está generando un fuerte impacto en la inflación en lo que va del año y la historia podría repetirse en agosto.
Pese a que no habrá incrementos al menos hasta fin de año en las compañías más grandes, importantes empresarios del sector se manifestaron contrariados por estas presiones. Pablo Giordano, presidente de ADEMP (una de las principales cámaras de medicina prepaga), aseguró a este diario que en las actuales condiciones, «las empresas no pueden asegurar la calidad del servicio» (ver aparte).
Las prepagas se quejan de los fuertes aumentos de costos que sufren, derivados del encarecimiento de los sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico. Estas empresas aumentaron 19% los salarios hace dos meses y se los trasladaron a las prepagas. Pero éstas ahora se ven impedidas de ajustar por la presión oficial. En enero ya habían subido la cuota 10% en promedio.
A cambio de esta decisión de no subir tarifas se espera que desde el gobierno se avance con algunas mejoras impositivas para el sector, que por ahora no fueron definidas. Las empresas reclaman la eliminación del impuesto al cheque y la posibilidad de aplicar créditos fiscales.
En forma paralela, el gobierno avanza con un nuevo marco regulatorio. Se trata de un proyecto de ley que encabezan las diputadas kirchneristas Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso, que estipula nuevas reglas de juego para el funcionamiento del área. Sin embargo, los empresarios se quejan de que se trata de una ley vinculada a defender al consumidor, pero que dice muy poco respecto de la cobertura de salud que deben comprometer las compañías.
Vaca Narvaja señaló ayer que la medicina prepaga «no tiene un marco regulatorio que la fiscalice, como tienen muchas otras actividades. Durante muchos años se intentó regular esta actividad, pero no se ha podido». Además, enfatizó que «tienen que entender que no están aisladas de la sociedad, y que por eso deben evaluar cómo contribuyen a evitar que no suban los precios».
