Se trata de una medida cautelar solicitada por un empleado de una entidad financiera afectado por la «falta de actualización» del mínimo no imponible en ese tributo ante los aumentos de los sueldos que se dispusieron para contrarrestar los efectos de la inflación y el alcance está limitado a este caso puntual.
Según Wannesson, los mínimos imponibles permanecen fijos desde 1998 y la «falta de actualización es una preocupación mayor entre muchas empresas y también de contribuyentes asalariados que hasta ahora no habían sido afectados por el tributo y han comenzado a serlo» a partir de los aumentos de salarios.
En su presentación, el abogado señaló que en todo el país hay «más de 500 mil trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el impuesto, de los cuales 200 mil se sumaron desde la devaluación hasta la fecha». «Pareciera ser que toda esta gente ahora esta ganando más y tiene un poder adquisitivo mayor pero las mejoras salariales que recibieron los trabajadores después de la devaluación fueron menores a la suba de los precios», sostuvo la presentación ante la Justicia federal.
Sobre este tema hablaron con este diario los tributaristas
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