El dilema de los impuestos en el sector de hidrocarburos
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El sector de hidrocarburos en Argentina sufrió una transformación radical y completa a partir de la desregulación en 1989. Como resultado de este proceso, la industria se transformó y dejó de ser altamente ineficiente e incapaz de cubrir la demanda interna, para convertirse en un sector pujante, logrando que el país no sólo fuera autosuficiente sino también en un importante exportador de la región. Los números hablan por sí solos. Entre 1989 y 2001, Argentina incrementó su producción de petróleo crudo a 45 millones de m3 de 27 millones de m3 y en el caso del gas, la producción se incrementó 85% hasta alcanzar 45.000 millones de m3. A su vez, las regalías crecieron a U$S 930 millones en 2001 de U$S 440 millones en 1993. Las exportaciones de petróleo crecieron 39% en m3 entre 1995 y 2000 mientras que las exportaciones de gas, que comenzaron en 1997, ya alcanzan a los 5.000 millones de m3. Este es un hecho sumamente relevante en un país que menos de días años antes tenía problemas de abastecimiento durante el invierno y venteaba su gas.
Las retenciones establecidas tienen un impacto directo e inmediato sobre el precio de venta doméstico, ya que el precio de realización que perciben las compañías argentinas será igual al precio internacional menos las retenciones y el descuento por calidad y flete. Dado que la alternativa a vender el producto en Argentina es exportarlo, con la reducción de los precios de exportación caen los precios domésticos. Adicionalmente, el gravamen viene justo en un momento en que los precios internacionales se encuentran en disminución y considerablemente por debajo de los niveles superiores a U$S 25 dólares por barril de los últimos dos años. Mientras mayor sea el deterioro de la ecuación económica del sector, existe un doble impacto sobre las economías regionales. Por un lado, implica una reducción de los pagos en conceptos de regalías a las provincias y por otro una reducción mayor del nivel de inversiones con el impacto que eso tendría sobre las economías de las provincias productoras.
Recientemente, las empresas del sector se pronunciaron a favor de un impuesto sobre la producción como alternativa al esquema de retenciones propuesto por el Gobierno. Tal impuesto también provocaría una reducción de los precios de realización pero más suave y posiblemente no tan inmediata como las retenciones por lo cual resulta razonable que las compañías se inclinen por esta alternativa. En síntesis, mientras que las retenciones operan como una reducción inmediata del precio, el impuesto a la producción es equivalente a un incremento en los costos y permite a las compañías mayor margen de maniobra para ajustarse a las nuevas condiciones.
En nuestra opinión, la calidad crediticia de las compañías productoras de petróleo y gas está sujetas a la evolución normal del precio del commodity que producen y tiene características marcadamente cíclicas y dependientes de la economía mundial. En este sentido, 2000 y 2001 fueron muy buenos para la industria a pesar de la recesión en Argentina mientras que 1998 fue un año crítico a pesar de que Argentina creció más de 3,8%. Sin embargo, el cambio en las reglas del juego, como han sido la devaluación y las restricciones a las transferencias de divisas al exterior, que dificultan la importación de bienes e impiden el normal cumplimiento de las obligaciones del sector, tiene un impacto negativo adicional. Llevada al extremo, una reducción de la producción podría volver a poner a Argentina en una posición de importador neto de hidrocarburos y ante el escenario de volver a importar gas de Bolivia. En esta línea de razonamiento, un impuesto, en la forma que sea, genera una reducción de la rentabilidad del sector con el impacto negativo antes mencionado. El resultado todavía es incierto y dependerá de la racionalidad de las decisiones que tome el gobierno.
Conclusión
Es altamente probable que el esquema de retenciones resulte en una rápida reducción del nivel de inversiones, y, por lo tanto, también se reduzca el nivel de empleo en las zonas afectadas. Estos factores reducirían la recaudación de impuestos. Por otro lado, menores inversiones implican menores niveles futuros de producción y, eventualmente, una menor recaudación de este impuesto. Finalmente, si la rentabilidad de las compañías continúa deteriorándose, el impacto sobre la economía en su conjunto será altamente negativo.




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