En mayo tomó $24,4 billones y esta semana lo sumó al Presupuesto mediante un DNU. Ahora los ingresos previstos para el año subieron a $173,1 billones, mientras que los gastos ascendieron a $147,2 billones.
El Gobierno formalizó el ingreso de los $24 billones de utilidades transferidos por el BCRA al Presupuesto.
Aunque el presidente Javier Milei repite insistentemente en que una de las razones de la decadencia argentina es haber usado al Banco Central como fuente de financiamiento del Tesoro Nacional, el actual Gobierno termina cayendo en la misma trampa para enfrentar las dificultades presupuestarias que tiene en curso.
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Este jueves se publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el Presupuesto 2026, por el cual se atendieron gastos impostergables, como es el caso del fallo de la Corte que lo obligó a abonar los importes correspondientes a la Ley de Financiamiento Educativo, que favoreció a las universidades.
Para ello, el Gobierno le cargó a la columna de Recursos $24,4 billones de utilidades por operaciones financieras del BCRA que corresponden a la transferencia recibida en mayo. Con ello, la parte de ingresos para el presupuesto anual pasó de $148,5 billones a $173,1 billones mientras que los gastos pasaron de $142,7 billones a $147,2 billones.
En esa oportunidad empleó unos $18 billones de la ganancia del BCRA para recomprarle a la entidad letras intransferibles emitidas en dólares, para mejorar la hoja del balance de la entidad. Las letras intransferibles son activos de dudosa calidad, que funcionan como un vale de caja. Se trata de dólares que se le sacaron de las reservas al BCRA durante el gobierno de Cristina Fernández. Son promesas de devolución de esos dólares. Aunque contablemente los números cierran, lo que correspondería es que el Tesoro compré dólares en el mercado y se los entregue al BCRA para que formen parte de las reservas nuevamente.
Con el dinero restante, el Gobierno está usando los fondos frescos que recibe del BCRA para atender mayores gastos, en un contexto en el que se le está desplomando la recaudación de impuestos y los compromisos siguen subiendo.
La realidad es que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya no le queda mucho espacio para meter tijera. El problema es que, como el Gobierno indexó el gasto previsional por IPC, suponiendo que la inflación se iba a desplomar mucho más rápido de lo que está ocurriendo, ahora tiene el problema que esa partida crece muy fuerte, lo que lo obliga a recortar gastos de otras áreas. Los economistas estiman que tendría que ajustar entre un 10% y un 15% el gasto no indexado. El único espacio que le queda es en los subsidios energéticos. Si los borrara de un plumazo, deberían subir las tarifas, lo que generaría una suba de la inflación nuevamente, y una nueva suba del gasto previsional.
Así que ante esa alternativa, no le queda otra que ingresar las ganancias del Banco Central. En rigor, el movimiento contable que se ha hecho es mas amplio: tomaron $24,4 billones del BCRA y unos $53.300 millones del Banco Nación. A eso se sumó $1 billón de ventas de acciones y participaciones en empresas. Fueron $238.389 millones de la represa de Alicurá; $339.997 millones del El Chocón; $94.400 millones de Cerros Colorados, y $360.106 millones de Piedra del Águila.
Si se toma en cuenta que el gasto acumulado de los primeros seis meses trepó a $66,7 billones, los recursos que el BCRA que comanda Santiago Bausili le aportó al Tesoro equivalen al 36,5% del total.
Según informa la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el Poder Ejecutivo sumó ingresos corrientes por $24,6 billones, de los cuales $24,4 billones son de Rentas de la Propiedad. Luego, en la columna de gastos, agregó $4,4 billones, de los cuales $1,3 billones fueron a las universidades.
Precisamente, el proyecto de reforma de Carta Orgánica del BCRA que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación pretende limitar la asistencia financiera al Tesoro. En principio, quiere prohibir la emisión de dinero para cubrir gastos. Pero en el caso de las utilidades, establecería que sean de manera excepcional y en escenario de deflación.
También se pretende sancionar una ley que le permita al Poder Ejecutivo "cerrar el gobierno" en caso de que el presupuesto se quede sin recursos. Desde la Casa Rosada se señala que no sería de la misma naturaleza que la norma que rige en Estados Unidos. En ese país el presidente declara el shutdown cuando el Congreso no le aprueba el presupuesto. En Argentina está el recurso de prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior.